MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La RAE, según se informa en la nota de prensa de ambas entidades, realizará auditorías lingüísticas para verificar la calidad y claridad del español utilizado en todos los ámbitos de las Administraciones del Estado.
Además, creará un observatorio digital permanente del uso del lenguaje tanto en el ámbito de las instituciones como en el campo de los dispositivos electrónicos vinculados a la gestión administrativa o de servicios esenciales para los ciudadanos. También prestará asistencia técnica a las instituciones y elaborará un diccionario fácil para mejorar la comprensión del lenguaje administrativo por parte de los ciudadanos.
Por su parte, la institución del Defensor del Pueblo se compromete a supervisar el uso del lenguaje claro por parte de las Administraciones en sus comunicaciones con los ciudadanos, así como en el ámbito de las máquinas y dispositivos electrónicos utilizados en la gestión de servicios públicos. Además, aplicará sus facultades, atribuciones ante los responsables de un mal uso del lenguaje en el ámbito público que pueda contribuir a vulnerar los derechos de los ciudadanos.
Asimismo, ambas instituciones han acordado crear una comisión de coordinación que se reunirá, al menos una vez al semestre, para realizar un seguimiento de las actuaciones realizadas en el marco de este convenio y solventar en común las dudas que pueda suscitar el desarrollo del convenio.
