MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ampliado la información que ofreció el pasado enero a la Comisión Europea para la elaboración de su informe anual sobre el Estado de Derecho en España, detallando los "ataques" de las ministras Irene Montero e Ione Belarra a jueces y magistrados por su aplicación de la 'ley del solo sí es sí'.
Así consta en un documento aprobado el pasado 21 de marzo por la Comisión Permanente del CGPJ, ampliatorio del que ya envió a la Comisión Europea el pasado enero, dos textos a los que ha tenido acceso Europa Press.
En ese primer informe, el CGPJ avisaba a Bruselas de que su renovación es "la única solución" a la "crisis", si bien apuntó también a una reforma legal. Disconformes con este texto, un grupo de cinco vocales envió respuestas "complementarias" a las preguntas planteadas por Bruselas donde denunciaban el "grave" debilitamiento de la independencia judicial y, en concreto, "las manifestaciones públicas insultantes y ataques de miembros del Gobierno y del Legislativo contra jueces y magistrados".
Según las fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por Europa Press, es habitual que tras ese primer 'dossier', el Ejecutivo comunitario pida una entrevista con el órgano emisor para ampliar información o resolver dudas. En este caso fue con la vocal Nuria Abad, quien le trasladó verbalmente lo que ahora plasma este segundo informe.
En este nuevo documento, la Comisión Europea pide al CGPJ que facilite "más información" sobre "los ataques contra miembros de la judicatura" que el Consejo ha venido condenando en "varias declaraciones".
El Consejo precisa que "hubo dos declaraciones institucionales por parte de la Comisión Permanente". "La primera se produjo el 30 de marzo de 2022 en relación con la colocación en la estación intermodal de Palma de Mallorca de un cartel, ya retirado entonces tras la polémica suscitada", recuerda.
Describe que dicho cartel "atribuía a la imagen de un juez un mensaje vejatorio y machista dirigido a una víctima de violencia de género". "El texto que se ponía en boca del juez, que se dirigía a una mujer, era el siguiente: "¡¡Cómo voy a creer que su marido la maltrata si usted está viva!!", recoge.
El CGPJ especifica que en el cartel "aparecían reflejados los logotipos del Ministerio de Igualdad, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, del Institut Balear de la Dona y de la Consejería de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Gobierno de las Islas Baleares", por lo que refleja que se dirigió a estos organismos para "trasladar a sus responsables la más firme respulsa".
"La Comisión Permanente rechazó también la aparente instrumentalización de las instituciones para la financiación y consecución de objetivos contrarios a los principios inspiradores del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuya defensa garantizan a diario los jueces y tribunales", explica a Bruselas.
A continuación, indica que "la segunda de estas declaraciones institucionales se produjo el 16 de noviembre de 2022": "Se trató de un comunicado en relación con las resoluciones judiciales de revisión de pena dictadas en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, a raíz de su entrada en vigor el 7 de octubre anterior".
A este respecto, relata que, "una vez conocidas las primeras decisiones de los tribunales, la ministra de Igualdad, Irene Montero, había sostenido en declaraciones públicas que: 'Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la Ley de Infancia y nos ocurre ahora también con la Ley 'solo sí es sí'".
Y añade que mientras "la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, había publicado en la red social Twitter un mensaje diciendo que: 'Una parte de los jueces de este país se ha erigido como oposición al Gobierno de coalición y especialmente al Ministerio de Igualdad, que está llevando los avances más lejos que nunca. Están aplicando mal la 'ley sólo sí es sí' y siguiendo el ejemplo del CGPJ'".
FALTA DE JUECES
Por otro lado, la Comisión Europea también se interesó por que "un número importante de jueces se jubilará en los próximos años", preguntando al CGPJ sobre si "tiene conocimiento de alguna medida concreta para cubrir esos puestos", así como "para hacer frente a los retos relacionados con la provisión de puestos vacantes en algunas regiones de España, tal y como se señala en el Informe 2022 sobre el Estado de Derecho".
El CGPJ responde que ha encargado "la elaboración de un Plan Estratégico de Efectivos y Necesidades de la Carrera Judicial para el periodo 2023-2033, de cara a determinar las plazas a convocar", al tiempo que destaca que en 2022 se convocaron 120 plazas de jueces por el turno libre y se aprobó la petición de la Escuela Judicial para proveer 85 plazas de magistrados.
El Consejo completa que "por acuerdo de 1 de diciembre de 2022 propuso al Ministerio de Justicia la necesidad de crear 32 nuevos juzgados de lo social con el fin de agilizar la actividad judicial y de reducir los tiempos de respuesta en aquellas provincias en las que se ha detectado que los actos de conciliación y juicio se señalan con una demora superior a un año".
REFUERZO PARA EL SUPREMO
En cuanto a los retos relacionados con la provisión de plazas vacantes, el CGPJ expone a Bruselas que "debe distinguirse la situación del Tribunal Supremo, la de las plazas vacantes de magistrados de turno autonómico y las plazas vacantes en la jurisdicción militar".
En relación al Supremo, traslada que el tribunal pidió que se le reforzara con 15 letrados en el Gabinete Técnico -8 para la Sala de lo Contencioso-Administrativo y 7 para la Sala de lo Social--, algo que "el Ministerio de Justicia ha avanzado que va a autorizar".
Actualmente, el Supremo cuenta con 21 vacantes, debido a la incapacidad legal del CGPJ de hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial, un agujero que, según el propio tribunal, llevará a esas dos salas -las más afectadas-- a dictar 1.230 menos durante 2023.
Sobre las plazas de magistrados del turno autonómico, informa de que "actualmente hay 6 vacantes, que se encuentran en los Tribunales Superiores de Justicia de Asturias, Navarra, Castilla y León, Murcia, La Rioja y Aragón" y que están cubriendo por "sustitución profesional voluntaria" o por "asunción de sus ponencias por el resto de los titulares".
"Y, finalmente, por lo que respecta la jurisdicción militar, ha de destacarse que la Comisión Permanente, procedió en su reunión de 27 de octubre de 2021 (Acuerdo 3-1) a la avocación de las competencias de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central (TMC), con carácter extraordinario, atendidas las circunstancias concretas concurrentes que hacen inviable su ejercicio por dicha sala de gobierno", completa el CGPJ.
