MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
La comisionada Esmeralda Arosemena ha presentado el informe preliminar ante los medios y ha destacado un "recrudecimiento de situaciones preocupantes en materia de la violencia partidista, producto de una extremada polarización política que ha provocado una fractura en la sociedad boliviana y que urge ser superada", según recoge la agencia boliviana Erbol.
La CIDH ha alertado que la polarización derivada del conflicto de 2019 ha dejado "profundas heridas abiertas" que "solamente sanarán en la medida en que las altas autoridades y todas aquellas personas con liderazgos políticos o sociales, que se pronuncian sobre los hechos en cuestión, contribuyan con su discurso a un ambiente favorable a la reconstrucción del tejido social".
Aun así, Arosemena ha expresado la oportunidad que supone para Bolivia este momento en la historia para revertir esta situación, alentando a buscar el consenso social recordando que "consensuar significa renunciar en ocasiones a aspiraciones personales o partidistas en aras de alcanzar el bien común".
LA JUSTICIA, UN TEMA PENDIENTE
El informe destaca la mala situación del sistema judicial boliviano: "En Bolivia históricamente la Justicia se ha manejado de manera instrumental, dependiendo de los intereses del poder político en turno, falencia sobre la que coincidieron todos los actores entrevistados durante esta visita".
"La CIDH ha recibido testimonios preocupantes que indican que con frecuencia, juezas, jueces y fiscales solicitan dinero a las personas acusadas a cambio de recuperar su libertad o no ser condenadas, o acceder a medidas alternativas o beneficios", añade el texto.
Piden que haya un consenso entre todas las fuerzas políticas para la preselección de magistrados de cara a las elecciones judiciales de 2023, ya que "un proceso adecuado de nombramientos y selección de magistrados constituye un presupuesto esencial para garantizar la independencia de las y los operadores de justicia".
VISITA A LOS CENTROS PENITENCIARIOS
Durante su estancia en Bolivia, los comisionados de la CIDH visitaron las cárceles de Chonchocoro y de Miraflores, donde están recluidos el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y la expresidenta Jeanine Áñez, respectivamente.
Se reunieron previamente con familiares de Camacho, que pidieron un "informe objetivo" de las violaciones de Derechos Humanos en su contra, así como la represión contra el pueblo "cruceño" por el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) durante las protestas de 2019.
En el informe preliminar aclaran que sus "requerimientos han sido puestos en conocimiento del Estado" tras su reunión con el presidente, Luis Arce.
También han asegurado que la comisión "toma nota de los procesos penales en contra de estas personas y recuerda que, conforme a estándares interamericanos, se deben respetar las garantías del derecho de defensa, del debido proceso y de las condiciones de detención".
