MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El recurso "con más relevancia directa" sobre el proceso es el que cuestiona las competencias del TPI porque sostiene que las autoridades venezolanas ya están investigando los hechos denunciados.
"El Gobierno de Venezuela no ha demostrado que haya realizado o esté realizando investigaciones a nivel nacional que sean asimilables en alcance a las que está realizando el Tribunal", subraya Khan en un documento oficial.
La Fiscalía "valora" la información aportada pero "tras un análisis cuidadoso concluye que esta información no cambia las conclusiones de la Fiscalía (...), sino que confirma estas conclusiones" porque Caracas "reconoce que estos procedimientos no están relacionados con delitos y crímenes contra la Humanidad (...) porque éstos no han ocurrido en su territorio".
Además, estas investigaciones, de las que estaba ya al tanto el TPI, afectan al escalafón más bajo de las fuerzas de seguridad "sin que haya aparentemente una investigación sobre los responsables de más nivel".
Khan también refuta que el TPI no tenga jurisdicción, que no se cumplan los criterios de admisibilidad o que se esté incumpliendo el debido proceso en la investigación.
"El planteamiento del Gobierno de Venezuela de que no ha habido un ataque sistemático contra la población civil y de que no se han cometido crímenes bajo una política de Estado no es congruente con las conclusiones de la Fiscalía", ha subrayado Khan. "La Fiscalía considera respetuosamente que ninguna de estas peticiones tienen fundamento", ha remachado.
Khan se refiere al denominado proceso 'Venezuela I', derivado de una denuncia presentada por varios países del Grupo de Lima y confirmada en febrero de 2018. Sobre la mesa están los supuestos abusos cometidos por las fuerzas chavistas desde abril de 2017 y, en términos generales, la represión de las protestas convocadas contra el Gobierno de Maduro.
Más tarde el Gobierno venezolano solicitó al TPI examinar si se han cometido crímenes contra la Humanidad "como resultado de la aplicación de las medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos" en el caso conocido como 'Venezuela II'.
