BRUSELAS, 5 (EUROPA PRESS)
Bruselas advierte de la ineficiencia e ineficacia que afecta a los procesos paralelos o múltiples que se dan en la actualidad en situaciones transfronterizas y también del riesgo de que se vulneren los derechos de las personas afectadas por esta fragmentación, ya que nadie debe ser juzgado ni condenado penalmente dos veces por el mismo delito.
En este contexto, los servicios comunitarios piden cambios en la legislación común para crear un listado claro de criterios para solicitar, aceptar o rechazar la remisión de un procedimiento, ya sea por parte de las autoridades competentes o del sospechoso o acusado. Además, el nuevo reglamento deberá prever la jurisdicción en asuntos concretos.
También se deberán establecer un plazo para decidir sobre la remisión del caso, unas normas respecto a los costes de traducción y gastos de la remisión y las obligaciones con respecto a los derechos de los sospechosos y acusados de las víctimas.
El Ejecutivo comunitario aboga asimismo por introducir normas sobre el uso de canales digitales transfronterizos para la comunicación entre autoridades competentes.
"Las actividades delictivas cambian y se van adaptando a las nuevas circunstancias, por eso debemos también adaptar nuestras herramientas para hacerles frente", ha considerado el comisario de Justicia, Didier Reynders, sobre una propuesta que Bruselas debe ahora negociar con los Veintisiete y el Parlamento Europeo para acordar su forma definitiva.
El comisario defiende que los cambios ayudarán a luchar contra la "impunidad" transfronteriza en una Europa en la que cada vez hay "menos fronteras", pero también servirá para ahorrar tiempo y evitar duplicaciones.
En la práctica, será la autoridad penal competente en el Estado que esté instruyendo el proceso penal la que podrá dar el primer paso para emitir el requerimiento de remisión, si bien el país que desee asumir la competencia del proceso puede consultar al Estado que instruye la posibilidad de la remisión.
El acusado, por su parte, podrá solicitar que se solicite el procedimiento de remisión del proceso penal pero Bruselas deja claro que una petición en este sentido en ningún caso obligará ni al Estado que instruye ni al requerido que activen el mecanismo para trasladar el caso a otra autoridad.
