CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Estados Unidos sancionó el miércoles a tres funcionarios judiciales de Nicaragua que este año despojaron de su nacionalidad a 316 opositores al gobierno de Daniel Ortega, incluyendo a 222 excarcelados desterrados y al obispo católico Rolando Álvarez, que se encuentra preso, se informó oficialmente en Washington.
Un comunicado del Departamento del Tesoro indicó que Ernesto Rodríguez y Octavio Rothschuh, magistrados de la Corte de Apelaciones de Managua, y la jueza Nadia Tardencilla, fueron sancionados por cometer “abusos contra los derechos humanos” como funcionarios del gobierno sandinista.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) consideró que los tres funcionarios “confirmaron decisiones que revocaron la ciudadanía de más de 300 ciudadanos nicaragüenses” desde sus altos cargos en el sistema judicial de Nicaragua.
Las sanciones impuestas por Washington suponen el bloqueo de todas las propiedades que los afectados tengan en Estados Unidos. También prohíbe a entidades estadounidenses realizar transacciones económicas y comerciales con ellos.
Según la OFAC, el juez Octavio Rothschuh anunció la decisión de desterrar a los 222 “presos políticos” nicaragüenses el pasado 9 de febrero, mientras que el juez Rodríguez, seis días más tarde, retiró la nacionalidad a otras 94 personas, incluidos periodistas y clérigos, en su mayoría exiliados cuyos bienes además fueron confiscados.
Agregó que la jueza Tardencilla despojó de la nacionalidad al obispo Rolando Álvarez, que fue condenado a 26 años y cuatro meses de cárcel el día 10 de febrero pasado, tras negarse a ser expulsado en un avión a Estados Unidos.
El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo en un comunicado que Estados Unidos seguirá “utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para garantizar la rendición de cuentas por los abusos del régimen de Ortega-Murillo”.
Blinken además demandó al gobierno de Nicaragua la “inmediata e incondicional liberación” del obispo Álvarez, considerado la voz más crítica de la Iglesia católica del país centroamericano.
Por su parte, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, dijo que el gobierno de Ortega “sigue participando en acciones antidemocráticas que tienen como objetivo a las figuras de la oposición que más se hacen oír en Nicaragua”.
Desde abril de 2018, cuando una revuelta social sacudió al gobierno de Ortega, Estados Unidos ha aplicado sanciones a decenas de funcionarios de su administración, entidades del Estado y familiares del mandatario, entre ellos su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo y varios de sus hijos.
La represión gubernamental contra los manifestantes civiles que protestaron en las calles en 2018 dejó al menos 355 muertos, unos 2.000 heridos y más de 100.000 exiliados según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
