BOGOTÁ (AP) — Colombia acoge el martes una conferencia internacional con representantes de 20 países para buscar soluciones a las tensiones internas que vive desde hace años su vecino Venezuela, una ecuación nada sencilla dada la mutua desconfianza entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus adversarios.
El impacto que pueda tener la conferencia internacional es incierto, pero según su anfitrión, el presidente colombiano Gustavo Petro, se persiguen dos ambiciosos objetivos: impulsar la reanudación del diálogo entre Maduro y la oposición que se estancó en México en noviembre y el cese de las sanciones que pesan sobre Venezuela junto a una apertura democrática.
Pocas horas antes de la instalación de la conferencia, el líder opositor Juan Guaidó, quien llegó el lunes a Bogotá luego de atravesar la frontera caminando, denunció que el gobierno colombiano lo “sacó” del país mientras abordaba un vuelo rumbo a Estados Unidos. “La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia”, afirmó en un video en Twitter.
La cancillería colombiana argumentó que Guaidó se encontraba en Bogotá de “manera irregular” y lo condujo hacia al aeropuerto para verificar su partida en una aerolínea comercial.
La sorpresiva presencia de Guaidó en Colombia para, según dijo, reunirse con las delegaciones internacionales que asistirán a la conferencia tuvo su primer traspié horas después de su llegada cuando el gobierno colombiano aclaró que Guaidó no estaba invitado. Aún no es claro si su salida hacia Estados Unidos y su denuncia tendrán algún impacto en la reunión.
Petro se reunió durante el fin de semana con la Plataforma Unitaria, un sector de la oposición venezolana que ha participado en los diálogos en México y que terminó por apoyar la conferencia internacional. Sin embargo, el gobierno colombiano ha dicho que Venezuela no participará en la cita, sino que serán 20 países de la comunidad internacional que incluyen Alemania, México, Francia, España, Argentina y Noruega, el país facilitador del diálogo entre las partes venezolanas.
La conferencia tomó mayor fuerza luego del encuentro que sostuvo Petro el jueves en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Joe Biden en el que Venezuela fue un tema de la agenda. Al final, los dos mandatarios emitieron una declaración conjunta en la que sólo expresaron su “compromiso compartido de apoyar y contribuir a la solución de la situación en Venezuela”.
Maduro busca que se levanten más de 900 sanciones -la mayoría de Estados Unidos- que considera una “persecución” en contra de su gobierno, mientras Petro propuso a la administración de Biden un camino intermedio en el que se adelante la realización de un cronograma electoral con garantías, al tiempo que paulatinamente se levantan las sanciones.
Pedro Benítez, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela, dijo a The Associated Press que el jugador clave es Estados Unidos, que impuso las sanciones y que puede levantarlas. Considera que más que las conversaciones en México, importa la “negociación maestra que ya está en curso" y es entre Estados Unidos y el gobierno de Maduro.
A la conferencia asiste una delegación de alto nivel del gobierno estadounidense encabezada por Jon Finer, consejero principal adjunto de Seguridad Nacional, quien estará acompañado por Chris Dodd, asesor especial para las Américas, y Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental.
Maduro afirmó el lunes que espera que el documento final de la conferencia internacional en Bogotá oficialmente exija que Estados Unidos deposite más de 3.000 millones de dólares para el fondo social que fueron acordados en noviembre con la oposición y aún están pendientes. “Una vez que depositen vamos a México otra vez... Si no hay cumplimiento de (ese) acuerdo de México, olvídense”, añadió.
El nuevo impulso de la búsqueda de soluciones a la crisis venezolana llega en un ambiente electoral. Los sectores de oposición planean en octubre próximo adelantar las elecciones primarias en las que elegirían un candidato común capaz de enfrentar a Maduro en las urnas, pero varios de los aspirantes que pretenden participar están inhabilitados. Una de las peticiones de los opositores es justamente que Maduro acepte fijar una fecha para los comicios presidenciales en 2024 “libres y verificables”, que cumplan con estándares internacionales.
Ivan Briscoe, director de programa para América Latina y el Caribe de Crisis Group -un centro de estudios internacional especializado en conflicto- indicó a AP que el peligro latente derivado del estancamiento de las conversaciones entre Maduro y la oposición es que con el paso de los meses no se logren levantar sanciones ni dar condiciones libres para las elecciones. Eso, apunta Briscoe, podría llevar “posiblemente a un empeoramiento de la situación humanitaria en el país y una vuelta a las altas tensiones que vimos en 2019, sobre todo si hay cambio fundamental en el gobierno de Estados Unidos”.
Colombia ha estado interesada en la resolución de la crisis venezolana que ha causado que más de 2,4 millones de venezolanos crucen la frontera para refugiarse. El gobierno del conservador Iván Duque (2018-2022) apoyó un “cerco diplomático” para provocar una transición y el fin del gobierno de Maduro, una estrategia que fracasó. Ahora el gobierno de Petro, el primero de tendencia izquierdista en la historia de Colombia, ha restaurado las relaciones diplomáticas con Venezuela e intenta una nueva estrategia por la vía diplomática.
“Maduro debe sentir que se trata de gobiernos que son de izquierda quienes están liderando un movimiento para que en Venezuela haya elecciones libres y derechos humanos”, aseguró a AP Julio Borges, del partido opositor Primero Justicia. “Eso desde el punto de vista político es muy importante para ponerle esa presión a la dictadura y quitarle excusas de que él se quiere ver más bien como que es víctima del imperio o de la derecha mundial”, agregó.
