El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU ha concluido por primera vez que las autoridades de México incumplieron sus obligaciones al no investigar de manera exhaustiva e imparcial el caso de un joven de 17 años que fue sacado de su casa por hombres armados y vestidos con uniformes de Policía en Veracruz a finales de 2013.
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Los hechos se remontan a diciembre de ese año, cuando Yonathan Mendoza Berrospe fue asaltado por seis individuos que entraron violentamente en su domicilio de la ciudad de Veracruz mientras más de una decena permanecían fuera, en lo que aparentaba ser una operación de seguridad. Los agentes golpearon al joven antes de subirlo a una furgoneta.
Cuando la familia acudió a la sede de la Policía Naval, vieron algunos de los vehículos que presuntamente participaron en el operativo, por lo que terminaron presentando una denuncia ante la Fiscalía en busca de amparo judicial. Dicho amparo quedó archivado en junio de 2015, después de que las autoridades no diesen cuenta alguna de la situación del joven desaparecido.
En julio de 2021, y ante la falta de respuesta a nivel interno, la madre de Mendoza Berrospe elevó el caso ante el Comité contra la Desaparición Forzada, al que el propio Gobierno de México reconoce competencias para examinar denuncias individuales. Este grupo concluye ahora que las autoridades mexicanas debían haber probado, mediante unas pesquisas, que ningún cuerpo de seguridad estuvo implicado en la desaparición.
El Comité ha señalado que dicha investigación “debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”. “No puede depender de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que el Estado parte busque efectivamente la verdad”, reza el dictamen.
Uno de los miembros del comité, Juan José López Ortega, ha celebrado lo que considera una decisión “importante”, ya que, “por primera vez, establece y concreta los estándares para la búsqueda diligente de las personas víctimas de desaparición forzada y para llevar a cabo investigaciones efectivas que permitan hacer comparecer a los responsables ante la justicia”.
Asimismo, el grupo considera que México ha violado el derecho de la familia a conocer la verdad y a la reparación, por lo que espera que este caso sirva para favorecer un cambio de paradigma.
“Este caso, como muchos otros en México, está tristemente marcado por la impunidad a causa de la falta de respuesta por parte de las autoridades y de la ausencia de acciones prontas y adecuadas para buscar a la persona desaparecida e investigar su desaparición”, ha lamentado López Ortega.
