LIMA (AP) — La presidenta peruana Dina Boluarte se reunió el lunes con el relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica de las Naciones Unidas, Clément Voule, quien llegó invitado por el gobierno para conocer lo ocurrido en las recientes protestas sociales que dejaron más 60 muertos.
La oficina presidencial dijo en sus redes sociales que Boluarte indicó al funcionario internacional que Perú “garantiza el derecho a la protesta pacífica y el respeto a los derechos humanos, y le ofreció además todas las facilidades para el desarrollo de su labor”.
La visita de Voule ocurre por una invitación formulada por el gobierno para conocer lo sucedido durante las protestas sociales que entre diciembre y febrero dejaron 49 civiles muertos por acción directa de las fuerzas de seguridad, según la Defensoría del Pueblo. Otros 11 civiles fallecieron en accidentes de tránsito u otros hechos ligados a los bloqueos de vías por los manifestantes. Siete uniformados también murieron.
A inicios de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó en un informe que el Ejército y la policía peruana habrían cometido masacres, ejecuciones extrajudiciales, graves violaciones de los derechos humanos, así como un uso desproporcionado y letal de la fuerza durante las protestas.
El gobierno de inmediato rechazó la “supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacres aun cuando se mencione de manera condicional”.
El informe solicitó que las graves violaciones sean investigadas por fiscalías especializadas en derechos humanos y sean juzgadas por jueces independientes, competentes e imparciales en un plazo razonable. Asimismo, pidió reparar a las víctimas en el contexto de las protestas sociales.
Las masivas protestas en Perú empezaron poco después de que Boluarte reemplazó en la presidencia al ahora encarcelado expresidente Pedro Castillo, quien fue destituido el 7 de diciembre por el Parlamento tras intentar infructuosamente disolver el Legislativo.
Antes del informe de la CIDH, ya se habían presentado otros, incluidos los de organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que coincidían en el uso excesivo de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad.
Boluarte y el Parlamento gozan de escasa popularidad en Perú, según encuestas recientes.
