MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
"Podemos recibir un informe muy interesante, con algunas recomendaciones, con varias críticas y sugerencias, pero no se puede aceptar ciertamente que se pretenda realizar una práctica injerencista en las atribuciones constitucionales de los organismos constitucionales autónomos de Perú", ha manifestado Otárola.
Así pues, el primer ministro peruano ha asegurado que el Gobierno analizará las 36 recomendaciones finales recogidas en el informe de la CIDH y evaluará "la aplicación de su pertinencia" de acuerdo con la propia legislación interna del país, según recoge la emisora andina RPP.
"Son recomendaciones que serán remitidas a todos los sectores y seguramente del sector Justicia se va a estar haciendo un seguimiento adecuado para poder remitir los informes", ha recalcado el primer ministro andino, quien sin embargo considera como "deficiente" el análisis del Ejército.
Así, el 'premier' ha rechazado el análisis realizado sobre las Fuerzas Armadas del país y ha reiterado el apoyo del Gobierno a las fuerzas del orden peruanas. Otárola ha incidido en que el Ejército y la Policía han sido quienes han "resguardado y cuidado el orden interno" a pesar de "algunos errores".
Estas críticas del primer ministro se suman a las vertidas previamente por el ministro de Justicia, Daniel Maurate, quien ha asegurado que el Gobierno de Dina Boluarte en ningún momento permitió a las fuerzas de seguridad el uso de armas de fuego para repeler las protestas antigubernamentales, como así se desprende del informe de la CIDH.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó en su último informe sobre la crisis política en Perú que se cometieron "graves violaciones" de los Derechos Humanos durante las protestas y que la respuesta del Estado "estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza".
Antes que Otárola y Maurate, la propia presidenta Boluarte ya salió al paso de las acusaciones vertidas por la CIDH para defender que las autoridades andinas son "respetuosas de las libertades fundamentales, incluida la protesta pacífica; y rechazó las acusaciones sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales.
El informe de la Comisión analiza los episodios de violencia y represión policial que se cometieron durante las protestas que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre --el mismo día en el que el expresidente Pedro Castillo fue destituido y apresado-- y el 23 de enero, especialmente en las ciudades de Ayacucho y Puno.
La respuesta de las autoridades a estas movilizaciones dejó cerca de 60 personas muertas, entre ellas un policía, así como cerca de un millar de heridos y otras varias decenas de detenidos. La Comisión ha recomendado una solución dialogada para salir de esta nueva crisis, y ha instado al Gobierno a poner en marcha los mecanismos necesarios para investigar los hechos y resarcir a las víctimas.
