SAN SALVADOR (AP) — Tras una solicitud del gabinete de Seguridad del gobierno, el Congreso de El Salvador aprobó a primera hora del miércoles una nueva prórroga del estado de emergencia, que suspende derechos constitucionales, para continuar con su política de mano dura contra las maras o pandillas, a las que culpa de la mayoría de los crímenes en el país.
Esta es la 15ta extensión de la medida, en vigor desde el 27 de marzo de 2022 después que, en un solo día, las pandillas asesinaran a 62 personas en toda la nación.
Aunque el índice de homicidios registró un descenso sustancial, el gabinete de Seguridad justifica el nuevo pedido para tratar de evitar la reacción delictiva mostrada por los grupos, como el riesgo de mutación por el proceso de desintegración de su organización criminal, al obligarlos a abandonar las zonas que controlan. Según las autoridades, muchos pandilleros han buscado refugio en zonas rurales y otros han salido del país.
“No hay que olvidar de dónde venimos porque aún hay cosas por hacer. Todavía no hemos terminado la guerra contra pandillas. A pesar de que hay un grupo que se opone a todo, seguiremos adelante”, dijo el presidente del Congreso, Ernesto Castro.
La nueva prórroga se aprobó con los votos a favor de 67 de los 84 diputados del Congreso unicameral, siete en contra, cinco abstenciones y cinco no presentados. La ampliación estará en vigor, previa publicación en el Diario Oficial, del 16 de junio al 15 de julio.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos de derechos en el marco del estado de excepción, que suspende la libertad de asociación, que una persona sea informada de sus derechos y los motivos de su detención, así como el derecho a contar con la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideran sospechosos.
La organización no gubernamental Cristosal informó recientemente que al menos 153 personas detenidas en El Salvador murieron bajo la custodia del Estado durante el régimen de excepción.
