El Comité de Asuntos Bancarios del Senado de Estados Unidos aprobó este miércoles, con apoyo bipartidista, una iniciativa que permitiría al gobierno expropiar bienes confiscados a cárteles mexicanos de la droga y otros actores que estén implicados en el contrabando de fentanilo y/o precursores químicos.
Senadores demócratas y republicanos avalaron de forma unánime la llamada FEND Off Fentanyl Act, o “Ley para Rechazar el Fentanilo”.
“Nuestro proyecto de Ley utiliza el arsenal de herramientas que tenemos en el área económica para atacar la cadena de suministro extranjera de fentanilo, desde los proveedores químicos chinos hasta los distribuidores de los cárteles mexicanos y los que lavan el dinero”, dijo el senador demócrata Sherrod Brown, presidente del Comité.
Ahora, la iniciativa pasará al pleno del Senado, donde se prevé que será aprobada en los próximos días, al contar con el apoyo expreso de al menos 60 de los 100 senadores.
“Ya es hora de que sancionemos a los fabricantes, a los exportadores y a los cárteles que trafican y venden este veneno golpeándoles donde más les duele, sus cuentas bancarias”, dijo el republicano Tim Scott.
La iniciativa va más allá de la Orden Ejecutiva 14059 que publicó el presidente Joe Biden en 2021, en la que se declaró como emergencia nacional para Estados Unidos la amenaza derivada del tráfico de fentanilo y que incluyó, además de a los cárteles, a otros actores no necesariamente vinculados a los narcos, pero sí al tráfico de fentanilo y/o precursores. La FEND Off Fentanyl Act permite al Ejecutivo no sólo congelar activos que los cárteles y otros actores pudieran tener bajo jurisdicción de Estados Unidos, sino expropiarlos en pro de la procuración de la justicia.
“El presidente podrá transferir el producto de cualquier propiedad decomisada cubierta (por esta iniciativa de Ley) al Fondo de Decomisos del Departamento del Tesoro... o al Fondo de Decomiso de Bienes del Departamento de Justicia”, indica el proyecto de ley impulsado por los senadores Brown y Scott.
La nueva iniciativa también obligaría al Ejecutivo a enviar un reporte al Congreso para informar sobre la modalidad de lavado de dinero en México, China y Myanmar utilizando flujos y transacciones de bienes comerciales legítimos para disfrazar su origen ilícito.
