NUEVA YORK (AP) — Durante años, el hombre conocido como "Otoniel" fue visto como uno de los capos de la droga más peligrosos del mundo, el elusivo jefe de un cártel y grupo paramilitar con un sangriento control sobre gran parte del norte colombiano.
El martes, Dairo Antonio Úsuga dijo que aceptaba responsabilidad por los crímenes que cometió y fue sentenciado a 45 años de cárcel en Estados Unidos.
Úsuga, de 51 años, se disculpó tanto con el gobierno de Estados Unidos como con el de Colombia y con las víctimas de sus delitos.
El exjefe del Clan del Golfo se declaró culpable en enero pasado de cargos de narcotráfico, admitiendo que supervisó el contrabando de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y reconociendo que hubo mucha violencia.
Estados Unidos aceptó no pedir la cadena perpetua a fin de lograr su extradición desde Colombia, donde enfrenta la posibilidad de ser procesado por sus delitos en caso de que se encuentre con vida cuando cumpla su sentencia en Estados Unidos.
Úsuga y sus abogados trataron de mostrarlo como víctima de los problemas que aquejan a Colombia: un hombre nacido en medio de la pobreza rural, rodeado de la violencia de las guerrillas, reclutado para luchar a los 16 años y afectado por décadas de ver cómo morían sus seres queridos, sus camaradas y sus amigos.
“Otoniel” dijo que haber nacido en una región conflictiva lo obligó a crecer dentro del conflicto, y pidió a la juventud que no siga sus pasos y dejar los conflictos armados en el pasado.
Pero la jueza Dora Irizarry, quien puso como ejemplo los problemas que enfrentó ella misma durante su infancia en un complejo de viviendas públicas en el sur del Bronx que estaba asediado por el tráfico de drogas y la violencia, le dijo al acusado que el ambiente donde se crio no era excusa.
“Hay gente que se crio en estas comunidades y que tiene la voluntad y el deseo de salir de eso trabajando”, declaró la jueza, añadiendo que Úsuga tuvo oportunidades “de dejar atrás esa vida y no lo hizo”.
Durante décadas, la vida de casi todos los colombianos se ha visto afectada por el conflicto interno del país. Una maraña de guerrilleros izquierdistas, paramilitares derechistas, narcotraficantes y otras bandas delictivas han pugnado por el control de vastas zonas montañosas del país.
La violencia ha dejado más de un millón de muertos y otros millones de desplazados, desaparecidos o afectados de otra manera, según datos de la entidad gubernamental Unidad para las Víctimas. El gobierno ha tratado de firmar acuerdos de paz con los grupos armados, pero se ha visto en dificultades para consolidar la paz dentro de un complejo conflicto alimentado por la pobreza rural y la falta de oportunidades.
Incluso para una fiscalía que ha ganado condenas por narcotráfico contra figuras como el capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán y el exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna, Úsuga era uno de sus principales objetivos. El fiscal federal con sede en Brooklyn Breon Peace dijo en un comunicado que el sufrimiento que causó el “reinado increíblemente violento, vengativo y sangriento” de Úsuga podría ser incalculable.
En distintos momentos, Úsuga se alió con grupos de izquierda y de derecha, y eventualmente se incorporó al Clan del Golfo, conocido como una de las fuerzas más poderosas y brutales de Colombia, y que eventualmente comandó. Fue el narco más buscado de Colombia antes de ser arrestado en 2021, y era también buscado en Estados Unidos desde 2009.
El Clan del Golfo, conocido también Autodefensas Gaitanistas de Colombia, es una organización delictiva distinta al Cártel del Golfo en México. El grupo colombiano domina una región de rutas para el tráfico de drogas, armas y migrantes. Con armas de grado militar y miles de integrantes, la agrupación ha combatido a pandillas rivales, grupos paramilitares y autoridades colombianas. Financiaba sus operaciones con “impuestos” a la producción, almacenamiento o transporte de cocaína por su territorio. Como parte del acuerdo judicial, Úsuga aceptó entregar 216 millones de dólares.
Úsuga ordenó los asesinatos de sus enemigos — uno de los cuales fue torturado, enterrado vivo y decapitado — y aterrorizó a la población, aseguran los fiscales. Señalan que el capo ordenó una “huelga” de varios días en la que los residentes debían permanecer en casa o enfrentar la muerte después de que su hermano fue abatido en un operativo policial, y ofrecía recompensas por matar a policías y soldados, e incluso 70.000 dólares por un perro policial.
“El daño que este hombre llamado Otoniel causó a nuestra familia no lo alcanza a dimensionar, es un constante despertar sumidos en la tristeza”, dijeron familiares del policía abatido Milton Eliecer Flores Arcilla en una carta dirigida a la corte. La viuda del agente John Gelber Rojas Colmenares, quien murió en 2017, dijo que Úsuga le quitó “la oportunidad de envejecer con el amor de mi vida”.
“Sólo pido justicia para mi hija, para mí, para la familia de John, para sus amigos y, en honor a mi esposo, su muerte no debe quedar impune”, escribió. Todos los nombres de los familiares fueron censurados en los documentos presentados ante el tribunal.
A pesar de las intensas búsquedas y de las recompensas que ofrecieron los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, que superaban los 5 millones de dólares en total, Úsuga pudo evitar su captura durante mucho tiempo, en parte gracias a una rotación a través de una red de casas de seguridad en zonas rurales.
Después de su arresto, miembros del Clan del Golfo intentaron envenenar con cianuro a un posible testigo en su contra y trataron de matar al abogado del testigo, según los fiscales.
___
La periodista de Associated Press Megan Janetsky contribuyó a este despacho desde Ciudad de México.
