SANTIAGO (AP) — Exoficiales condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar chilena solicitaron “conmiseración” para sus subordinados que cumplieron órdenes para que puedan ser liberados.
La solicitud está contenida en una carta firmada que 27 oficiales retirados de las Fuerzas Armadas, condenados y presos por crímenes de lesa humanidad, enviaron al diputado ultraderechista Gonzalo de la Carrera, quien la leyó el martes en el Congreso.
“Hemos esperado 33 años (desde el retorno a la democracia) para que nuestros superiores asuman la responsabilidad de sus órdenes, las que hoy tienen tras las rejas a nuestros fieles subalternos”, señalaron en el inicio de la misiva.
En un hecho inédito, el grupo reconoció que en el cumplimiento de sus "deberes” muchas de “nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos, con graves consecuencias”.
Seguidamente afirmaron que asumen las responsabilidades de los actos de sus subalternos y solicitaron para suboficiales, soldados y empleados civiles “la conmiseración del poder político y judicial” para que puedan volver junto sus seres queridos.
También expresan “congoja” por quienes siendo el “eslabón más bajo y más débil” de la cadena de mando tienen como único futuro terminar sus días en prisión “por cumplir órdenes”.
A la fecha hay 297 condenados por violaciones a los derechos humanos de los cuales 134 están presos en Punta Peuco, una cárcel especial para criminales de lesa humanidad, y los 163 restantes están distribuidos en penales para reos comunes. Además, hay unos 1.300 juicios abiertos.
El diputado ultraderechista Johannes Kaiser dijo que es partidario de un gesto hacia los condenados que, sin ser altos oficiales, estuvieron involucrados “en la represión en su momento”, mientras el socialista Leonardo Soto criticó a los firmantes porque “protegen, guardan silencio” sobre quiénes dieron las órdenes de matar y reprimir. Agregó que deben colaborar para hallar los cuerpos de los desaparecidos.
En el marco del 50 aniversario del golpe militar diputados oficialistas pidieron el cierre de Punta Peuco o que se use, por ejemplo, para mujeres presas con hijos, demanda que enfrenta el rechazo de la oposición derechista.
Según cifras oficiales, la dictadura militar de 1973 a 1990 dejó un saldo de más de 40.000 víctimas, entre ellos unos 3.200 opositores asesinados, incluidos 1.469 desaparecidos. Tras décadas de búsqueda se encontraron e identificaron los restos óseos de 307 de ellos.
Recientemente el presidente Gabriel Boric lanzó un Plan Nacional de Búsqueda de desaparecidos en el que hace responsable al Estado de establecer qué les pasó.
