LA PAZ, Bolivia (AP) —
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó el martes a Bolivia a que garantice la realización de las elecciones judiciales para renovar, entre otros, a los magistrados del Tribunal Constitucional con el fin de afianzar la independencia de poderes en el país, ante las pugnas internas del oficialismo.
En un comunicado, la CIDH instó a “generar consensos” para avanzar y concluir en tiempo y forma el proceso de selección de los jueces del país. El ministro de Justicia boliviano, Iván Lima, reaccionó en la red social X, antes conocida como Twitter, y convocó a las instancias competentes a dar cumplimiento al comunicado de la CIDH.
En concreto, la renovación de los magistrados constitucionales está en el centro del último roce protagonizado en el seno del partido gobernante por el presidente de Bolivia, Luis Arce, y el exmandatario y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales.
Las diferencias entre ambos líderes y sus fieles derivaron en una ruptura de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa que ha retrasado las elecciones judiciales que debían celebrarse en octubre. El Tribunal Supremo Electoral adelantó, de hecho, que ya había tiempo suficiente para organizar los comicios.
En Bolivia, los magistrados y jueces se eligen por voto popular, aunque han tenido baja participación ciudadana.
Los legisladores del MAS que apoyan al expresidente Evo Morales presumen que el presidente Luis Arce busca prorrogar por decreto en sus cargos a los actuales magistrados del Tribunal Constitucional. Los que apoyan a Arce niegan tal aseveración.
En la convocatoria pendiente debía renovarse, entre otros, a los integrantes del Tribunal Constitucional, cuando está pendiente de revisión un fallo constitucional que habilitó a Morales a presentarse como candidato electoral en 2019, pese a que un referendo de 2016 prohibió su reelección.
En caso de ratificarse aquel fallo, podría ser un espaldarazo para el expresidente ante su propósito de volver a aspirar a la presidencia en 2025.
Morales gobernó desde 2006 hasta casi finales de 2019 y el domingo anunció su intención de volver a ser candidato para las elecciones generales de dentro de dos años.
Aquellas elecciones de 2019 fueron declaradas fraudulentas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y derivaron en un estallido social que supuso la renuncia de Morales. Posteriormente, Arce sucedió al expresidente como representante del MAS y ganó las elecciones.
La CIDH se ha pronunciado ahora también sobre la dilación del proceso de elección judicial en un comunicado.
El proceso de preselección de candidaturas, a cargo de la Asamblea, “ha estado marcado por la ausencia de consensos entre las distintas bancadas políticas que deben aprobar el reglamento y la convocatoria conforme establece la normativa nacional”, decía el comunicado del organismo.
Se debería elegir a 52 magistrados entre titulares y suplentes, en elecciones cada cinco años para los Tribunales Supremo, Constitucional, Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Conforme al cronograma establecido, los comicios judiciales deben llevarse a cabo en 2023 para que las personas electas asuman en sus cargos en enero de 2024, agrega el comunicado.
La justicia de la nación andina ha sido cuestionada por su falta de imparcialidad y debilidades institucionales, según declaró a finales de marzo Esmeralda Arosemena de Troitiño, primera vicepresidenta de la CIDH, en su visita a Bolivia para verificar la situación de derechos humanos en el país.
