MONTEVIDEO (AP) — La Fiscalía de Delitos Sexuales de Uruguay imputó a un exsenador y a un profesor por explotación sexual de 11 menores de edad, entre otros delitos, en un proceso judicial que se formalizó el martes con la audiencia de formulación de imputación. Según las investigaciones, el docente hizo de nexo varias veces entre el exlegislador del partido de gobierno y los jóvenes menores de edad que fueron víctimas del abuso.
La jueza penal Marcela Vargas avaló el inicio de proceso para el exsenador Gustavo Penadés, del Partido Nacional, y para Sebastián Mauvezín, ex profesor de historia del Liceo Militar de Montevideo.
Al primero se le atribuyen 11 presuntos delitos de retribución por explotación sexual de menores de edad, más cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravado, tres delitos de abuso sexual agravados, un delito de violación, desacato, corrupción de menores y atentado violento al pudor, todo en régimen de reiteración real en calidad de autor.
El docente Mauvezín fue señalado por siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad, también en régimen de reiteración real en calidad de autor.
La fiscalía tiene ahora un año, prorrogable a otro más, para acusar o sobreseer a los acusados a menos que exista un juicio abreviado donde declaren su culpabilidad.
La fiscal que lleva la investigación desde marzo, Alicia Ghione, pidió prisión preventiva para los impuntados bajo el argumento de que se podría alterar la investigación. En la audiencia, se ordenó prisión preventiva por 180 días —casi seis meses— para ambos.
Al inicio de la indagación, la fiscalía actuó de oficio ante denuncias en las redes sociales; varias víctimas se presentaron a declarar de forma anónima. Ya tomó declaración anticipada a víctimas y testigos protegidos y ordenó pericias a los teléfonos celulares de los imputados y a sus redes sociales, así como escuchas telefónicas.
Penadés, cuya defensa intentó suspender la audiencia del martes sin éxito, se tomó unos segundos para hablar con la prensa antes de ingresar al juzgado y decir que llegaba “con la tranquilidad de la inocencia”.
El ex senador de 57 años, fue un hombre fuerte del herrerismo, el histórico proyecto político del partido de la familia del presidente Luis Lacalle Pou, con quien mantenía una añeja amistad.
Legislador desde 1994 durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera, padre de Lacalle Pou, fue electo diputado en cuatro legislaturas y senador en dos oportunidades. Hasta su desafuero en junio fue senador suplente luego de que Luis Alberto Heber, ministro del Interior, ocupara responsabilidades en el gabinete de Lacalle Pou en 2020.
Cuando las denuncias de los abusos se hicieron públicas, Penadés hizo una conferencia de prensa en el Parlamento para deslindarse de responsabilidades en marzo pasado. El presidente Lacalle Pou, dijo públicamente que le creía a él. El ministro del Interior, Heber, lo ratificó: “Creo en mi amigo”.
Pero poco tiempo después, Heber admitió que habían “cambiado las circunstancias” ante las evidencias recolectadas y de reportes de prensa que revelaban el modus operandi con los jóvenes.
En junio, el Senado votó el desafuero de Penadés y la fiscalía comenzó a investigarlo. También se apartó del cargo de profesor de Historia a Mauvezín en el Liceo Militar que según las pericias conectaba a los menores con el senador que los llevaba a moteles.
Desde entonces Penadés se ha defendido alegando que los testimonios y chats son falsos, que han hecho una “trama” en su contra y que al no saber quiénes son las víctimas, no puede defenderse correctamente.
Durante el proceso, declarado de carácter reservado por la fiscalía, las identidades de los denunciantes fueron reservadas como prevé la ley para víctimas vulnerables y de delitos sexuales. “Lo solicitaron porque de otra forma no declararían”, explicó a The Associated Press Juan Raúl Williman, defensor de cinco de las once personas que litigan a través del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
Desde que se inició la investigación judicial esta causa ha estado rodeada de denuncias de amenazas y seguimientos a los denunciantes o eventuales denunciantes. Una de las víctimas no llegó a declarar porque tenía “miedo”, señaló la fiscal Ghione tiempo atrás. La fiscal abrió una línea de investigación en la causa por intimidación a las víctimas.
“Algo en la carpeta había y algunas víctimas denunciaron situaciones parecidas”, confirmó Williman a la AP. “Había autos que los seguían”, dijo. El abogado también admitió que “hay elementos” que parecen mostrar eventuales entorpecimientos de la investigación.
La Corte Electoral inició una investigación para confirmar que una funcionaria proporcionó datos personales de una de las víctimas y su familia a un secretario de Penadés que declaró la semana pasada en fiscalía. “Yo respeto el secreto de las actuaciones, si otros lo violan es problema de ellos”, dijo Penadés raudo, antes de entrar al juzgado.
“La fiscalía en este caso tan complejo, tan mediatizado decidió avanzar en la investigación y después recién formalizar”, explicó Williman sobre la voluminosa investigación de fiscalía.
