CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Congreso mexicano inició el martes por la noche el debate de un dictamen que prevé recortes presupuestarios al Poder Judicial después de dos días de protestas de los trabajadores del sector, quienes consideran que los cambios que promueve el gobierno van en contra de sus derechos laborales, la independencia de los tribunales y el buen funcionamiento de la judicatura.
Con carteles en los que se leían proclamas como “respeto a la división de poderes” o “no son privilegios, son nuestros derechos”, pequeños grupos de funcionarios se concentraron en las calles de distintos puntos del país por segundo día consecutivo para criticar la iniciativa del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
El plan presidencial, apoyado por su partido, Morena, y los grupos aliados del gobierno, pretende suprimir 13 de 14 fideicomisos que financian el Poder Judicial de cara al presupuesto de 2024 porque, según el oficialismo, no son transparentes y sirven fundamentalmente para pagar privilegios.
Los trabajadores argumentan que esa decisión conllevará a importantes recortes laborales para miles de personas.
La Cámara de Diputados, con mayoría oficialista, tenía previsto votar el dictamen el miércoles, pero lo adelantó y podría quedar aprobado en la sesión del martes que se prevé acabe durante la madrugada. De ser así pasaría a su análisis en el Senado.
Desde el inicio del pleno parlamentario, la sesión estuvo marcada por las críticas al proyecto por parte de la oposición que se presentó con todo tipo de pancartas. “El recorte al Poder Judicial no es ahorro es venganza”, se leía en alguna de ellas.
La confrontación entre López Obrador y el Poder Judicial no es nueva, pero no deja de crecer.
La ONU ha denunciado altos índices de impunidad en el país y, además, en ciertas regiones, muchos jueces viven amenazados o han sido sobornados por el crimen organizado.
El presidente siempre lo ha considerado un sector marcado por la corrupción y lleno de privilegios, pero el hecho de que algunas de las grandes reformas de esta administración —de las leyes energéticas a la creación de la Guardia Nacional— hayan sido cuestionadas en los tribunales, hizo incrementar sus arremetidas contra los magistrados y sobre todo contra la Suprema Corte.
López Obrador incluso ha llegado a apostar por que los jueces del máximo tribunal fueran elegidos en elecciones popular. Además, considera que sus miembros son parte de lo que llama la antigua “mafia del poder”.
El cruce de críticas, acusaciones e incluso insultos ha ido en aumento a lo largo de su gobierno, en particular desde el cambio en la presidencia de la Suprema Corte, que hasta finales de 2022 estaba liderada por un magistrado más afín al gobierno.
Esa crispación se concretó en las protestas del lunes, en las que se quemaron piñatas que representaban al mandatario, actos ante los que el alto tribunal tuvo que sacar un comunicado denunciando lo que llamó “discursos de odio”.
El martes en Ciudad de México solo hubo cortes de algunas vialidades que fueron disueltos a empujones por la policía.
La Suprema Corte de Justicia ha señalado que suprimir los fideicomisos afectará, entre otros temas, a las pensiones o las prestaciones médicas de muchos de los 55.000 trabajadores del sector, el 60% de los cuales es personal operativo.
Lourdes Flores, subsecretaria del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, subrayó que los principales afectados no serán los once magistrados del alto tribunal ni los 1.600 jueces del país, sino personas como los mecanógrafos, los que entregan notificaciones a veces en áreas despobladas o el personal que atiende a los detenidos.
Un colegio profesional y el sindicato de trabajadores judiciales fueron los que llamaron a las manifestaciones del martes y, en su convocatoria, alertaban de que llevarán a cabo “todas las acciones jurídicas y de carácter social” necesarias para confrontar lo que consideran ataques del gobierno y del Poder Legislativo.
El mismo martes por la mañana, López Obrador aprovechó para mandar un mensaje a los trabajadores y les dijo que no es con ellos la disputa, “que ellos no van a salir perjudicados en nada; al contrario, ellos van a resultar beneficiados, porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo... los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo”.
Sin embargo, según lo expresado horas después por Gisela Morales, oficial mayor de la Suprema Corte, en una comisión de la Cámara de Diputados, si hay reducción de fondos se verá afectado el trabajo de los tribunales y por tanto el acceso a la justicia de los mexicanos.
