SANTIAGO (AP) — Las propuestas de solución a los temas más controversiales del nuevo proyecto constitucional chileno serán entregadas antes de la medianoche del viernes y votadas el sábado para que luego el consejo de redactores resuelva cuáles integrarán el texto que será plebiscitado en diciembre.
Chile vive las etapas finales de su segundo proceso constitucional, iniciado después de que el año pasado el electorado rechazó un proyecto elaborado por una convención izquierdista. Los chilenos resolvieron en 2020 que querían reemplazar la carta magna vigente legada por la dictadura militar de 1973 a 1990.
Una Comisión Mixta elabora los nuevos textos de 32 normas que no fueron aceptadas ni rechazadas por un Consejo Constitucional de redactores relacionadas con la exención de contribuciones, expulsión de inmigrantes irregulares, participación equitativa de hombres y mujeres en elecciones populares, la objeción de conciencia y el estado de sitio, entre otros temas.
El Consejo Constitucional de redactores y la Comisión Mixta de consejeros y expertos tienen una mayoría de miembros ultraderechistas o de la derecha tradicional. Eventualmente, la Comisión no necesitaría llegar a acuerdos con el oficialismo izquierdista para aprobar sus preceptos.
El oficialismo rechaza los textos del Consejo que establecen la exención del pago de contribuciones de los primeros inmuebles destinados a vivienda principal, al igual que el precepto que indica que los inmigrantes irregulares serán expulsados en el menor tiempo posible y otro que establece la objeción de conciencia individual e institucional.
La oposición anticipó que eliminará la alusión a que la objeción de conciencia es un derecho personal e institucional y ha dicho que la norma que señala que se puede decretar el estado de sitio “por grave amenaza terrorista” puede ser cambiada por “acto terrorista”. Respecto de la exención del pago de contribuciones está dispuesta a excluir a los altos patrimonios o a viviendas gran valor.
El derechista Carlos Raconto, presidente del órgano mixto, aseguró que darán todas las garantías para que “tengamos un amplio espacio de debate en esta comisión”.
María Pardo, consejera constitucional izquierdista, opinó que el proyecto elaborado por el Consejo “es una propuesta peor que la constitución actual”.
Para que las propuestas de solución sean aceptadas y pasadas al texto que se plebiscitará en diciembre se necesita la aprobación de al menos 30 de los 50 miembros del Consejo, en el que la oposición tiene 33 sufragios.
El proyecto aprobado por el Consejo Constitucional será entregado el 7 de noviembre al presidente Gabriel Boric, quien convocará al plebiscito del 17 de diciembre. En ese momento empezará la campaña llamando a votar a favor o en contra.
Sin embargo, Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que agrupa a los grandes empresarios, anticipó que el texto “está en condiciones de ser aprobado”, lo que fue criticado por sectores oficialistas que alegan que falta aún para la campaña electoral.
En el otro extremo, el socialista David Acuña, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que representa a unos 3.000 sindicatos, criticó el proyecto porque “se restringen los derechos colectivos, en lugar de ser habilitantes de derechos”. El texto prohíbe declararse en huelga a los funcionarios del Estado y municipales, entre otros.
Líderes derechistas también han exteriorizado su opinión favorable al texto presentado, mientras el oficialismo dijo que esperará a que esté concluido para adoptar una posición conjunta, aunque algunos dirigentes han anticipado críticas.
