PANAMÁ (AP) — Obreros de la construcción y educadores bloquearon calles y realizaron el lunes marchas en la capital panameña y en diversas zonas del país centroamericano en reclamo de la derogación de un contrato con la minera canadiense First Quantum para explotar cobre en una zona boscosa y rica en biodiversidad al norte de Panamá.
Son las mayores manifestaciones callejeras contra el gobierno del presidente Laurentino Cortizo, cuyo mandato de cinco años culmina en menos de uno, desde las protestas que paralizaron el país de más de cuatro millones de personas en julio del 2022 para exigir un freno al alto costo de los alimentos y de la gasolina.
Esta vez, las crecientes movilizaciones se oponen a una concesión minera a cielo abierto, que el gobierno ensalza como la inversión privada más grande en la historia del país (más de 6.000 millones de dólares).
Anticipando la jornada de protestas el Ministerio de Educación suspendió las clases, al igual que la Universidad de Panamá, que es pública y uno de los epicentros de las manifestaciones. Mientras, en sectores de la periferia de la capital los manifestantes se enfrentaron con la policía que les lanzó gases lacrimógenos. En otros puntos de la ciudad trabajadores entregaron volantes e información a los transeúntes.
Las protestas en rechazo al contrato que tiene una vigencia de 20 años y opción a prórroga por igual periodo continuaron luego de que el viernes el Ejecutivo sancionó aceleradamente la ley aprobada por el Legislativo referente al contrato con Minera Panamá —filial de First Quantun— para explotar cobre al norte del país sobre la vertiente del Caribe.
El contrato ha recibido un fuerte rechazo de la población por el riesgo que supondría para el medio ambiente. Los críticos sostienen que el Estado hizo demasiadas concesiones a la minera y advierten sobre el impacto ambiental de la actividad a cielo abierto en una zona boscosa y de enorme importancia hídrica. Ambientalistas, sindicalistas y la sociedad civil piden que se derogue el contrato y se convoque a un referendo para someter a votación la política en ese sector.
Fernando Abrego, dirigente de los docentes, dijo que “vamos a permanecer en las calles... el gobierno decidió la confrontación al aprobar de manera rápida y expedita un contrato que ellos sabían es rechazado por la población”. Los educadores realizaron marchas en la capital y en el interior y celebraban una asamblea general para decidir cuáles serán sus próximas acciones.
"El pueblo está en la calle en defensa de la soberanía... frente a un contrato que cede la autodeterminación al devastar el ambiente para robarse los recursos”, afirmó, por su parte, Saúl Méndez, el líder del Sindicato Único de la Construcción, considerado el más fuerte y que antes ha logrado paralizar el país.
El gobierno sostuvo en sus cuentas en las redes sociales que la minera hace un “enorme aporte” a la economía. Destacó que el contrato representa al menos 375 millones de dólares al año en ingresos para el Estado en concepto de regalías, pago de impuestos e ingresos mínimos, lo que supone, según el gobierno, un aumento de más de 10 veces respecto de lo que se estaba recibiendo de la concesión minera anterior de 1997, cuando se otorgó por ley la concesión de los yacimientos de minerales en esa zona ubicada a poco más de 200 kilómetros de la capital.
Minera Panamá, por su lado, destaca en su página web que las exportaciones del mineral alcanzaron los 2.850 millones de dólares en 2022 y que sus envíos representan el 80% de las exportaciones generales del país. Esta concesión es vista como la mayor de su tipo en América Central, donde las leyes de algunos países, como Costa Rica y El Salvador, frenan la inversión en este tipo de actividad.
