PANAMÁ (AP) —
El gobierno de Panamá insistió en llevar a consulta popular la derogación de un contrato minero que ha levantado el malestar de los ciudadanos con manifestaciones en las calles por varios días y presentó un proyecto de ley en el Legislativo para impulsarla, pese a que la autoridad electoral desestimó que haya condiciones viables para organizar el llamado a las urnas a pocos meses de elecciones presidenciales.
El rechazo al contrato minero ha generado masivas protestas que han paralizado el país en varios puntos y que el lunes entraban en su segunda semana, con bloqueos de carreteras y concentraciones.
La manifestación del lunes se acercó al entorno de la Asamblea, en donde los manifestantes fueron reprimidos por la fuerza pública con gases lacrimógenos. El humo irritante llegó hasta una zona con una estación de metro en la capital, afectando a varios usuarios.
Aunque el presidente panameño, Laurentino Cortizo, intentó apaciguar las protestas el domingo, al anunciar que solicitaría al Tribunal Electoral que organice una consulta para el 17 de diciembre, las convocatorias se prolongaron en su segunda semana contra un acuerdo que consideran perjudicial para el medioambiente.
La idea de la consulta es que los ciudadanos puedan decidir si se revoca el contrato ya firmado —y avalado tanto por el Legislativo como por el presidente— con una filial de una minera canadiense para explotar cobre en una zona boscosa por 20 años más y prorrogables a otros 20.
Pero la iniciativa presidencial se encontró el lunes con un pronunciamiento de la máxima autoridad electoral desestimando la propuesta. El Tribunal Electoral indicó que, ante las elecciones presidenciales del próximo 5 de mayo, no se daban las condiciones para convocar además una consulta.
Aún así, el gobierno insistió y llevó su planteamiento a la Asamblea. El ministro de Gobierno, Roger Tejado, presentó el proyecto de ley que convoca y establece los parámetros de la consulta popular solicitada por el presidente Cortizo y dijo que “cumple con todas las garantías", además de que "establece la normativa legal suficiente para generar este proyecto”.
Asimismo, el ministro sugirió al órgano electoral “ponerse la camiseta de Panamá y cumplir su rol histórico”, al tiempo que agregó que “ningún ambiente es perfecto; el ambiente lo creará un autor autónomo” como el Tribunal Electoral, subrayó.
El rector electoral había desechado la propuesta presidencial alegando que “no existe en la Constitución política y en el código electoral norma alguna que contemple el tipo de consulta popular solicitada”. No obstante, matizó que si una ley debidamente aprobada y sancionada así lo ordenara, el Tribunal Electoral “quedaría obligada a convocarla y organizarla”.
Finalmente, el gobierno presentó un proyecto de ley para impulsar la iniciativa. El texto debe pasar ahora por el proceso legislativo de debate y aprobación.
El Tribunal Electoral se refirió también a que la Corte Suprema de Justicia tiene en estos momentos demandas de inconstitucionalidad en contra de la ley del contrato minero que han sido interpuestas y están pendientes de resolverse. Destacó que si el máximo tribunal de justicia emitiera un fallo antes de la fecha convocada por Cortizo para la consulta, la haría innecesaria.
Asimismo, el organismo electoral instó a las partes involucradas en la crisis a dialogar y a contribuir con soluciones pacíficas y efectivas.
Las protestas son impulsadas mayormente por jóvenes a través de las redes sociales y por gremios de la industria de la construcción, magisteriales, médicos e indígenas, entre otros, que exigen la derogación del contrato-ley. Líderes de las manifestaciones rechazaron el llamado a la consulta popular y han dicho que seguirán en la calle exigiendo la derogación de la ley y el cierre de la mina.
Cortizo, a quien le queda menos de un año para culminar su quinquenio, sancionó y promulgó aceleradamente el contrato ley el viernes 20 de octubre, luego de que también se aprobara con rapidez en el Legislativo pese al rechazo popular.
La ley le dio derecho a Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals, para seguir extrayendo, procesando y comercializando cobre y otros minerales en una zona de más de 12.955 hectáreas por un periodo de 20 años, prorrogable a 20 más.
Mientras que el gobierno defiende el contrato con el argumento de que salvaguarda miles de empleos en esa mina y hace un importante aporte a la economía del país de poco más de cuatro millones de habitantes, los que lo rechazan señalan que el Estado otorga demasiadas concesiones a la empresa y es desventajoso financieramente para Panamá.
