SEVILLA, 14 (EUROPA PRESS)
Según el colectivo, el mencionado dictamen ambiental propone autorizar, durante la fase previa a la reactivación de las actividades de extracción de minerales en el yacimiento de Los Frailes, cerrado tras la gran catástrofe medioambiental de 1998 por la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del recinto, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A.; "el vaciado completo de las aguas contaminadas con metales pesados" de la corta de tal yacimiento y el vaciado parcial de la corta de Aznalcóllar, que "alberga gran cantidad de los lodos tóxicos" recogidos tras el desastre de 1998.
El vaciado inicial, según precisan los ecologistas, se realizaría durante 18 meses mediante una tubería de 30 kilómetros que conduciría el vertido desde una planta de tratamiento de aguas situada en el recinto minero "hasta el estuario del Guadalquivir a su paso por Sevilla", frente al estadio de la Cartuja, abarcando el vertido de 15 hectómetros cúbicos.
Ya para la fase operativa de extracción de minerales, según los ecologistas, el dictamen ambiental permitiría "un vertido tóxico continuo de cuatro hectómetros cúbicos durante 17 años". "En total, la Junta de Andalucía propone autorizar un vertido tóxico global de 85,52 hectómetros cúbicos en una Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000 del Bajo Guadalquivir, que contaminará todo el Guadalquivir desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, afectando igualmente al Parque Nacional de Doñana", alertan.
"CARGA CONTAMINANTE MÁXIMA"
Y es que "a pesar del proceso de depuración, la carga contaminante máxima acumulada en los 18 años y medio que se propone autorizar tiene un alto contenido en metales", incluyendo según aseguran más de 2.700 kilos de arsénico, más de 5.500 kilos de cobre o más de 26.000 kilos de zinc, "entre otros contaminantes".
Así, mientras la Administración andaluza y el Ayuntamiento de Aznalcóllar defienden que el proyecto cuenta con una inversión prevista de 316 millones de euros y la previsión de crear unos 2.000 empleos directos e indirectos, revitalizando así el desarrollo económico de la zona; Ecologistas en Acción advierte de que la Junta está primando "los intereses" de la empresa frente a los intereses de "los arroceros, agricultores, pescadores y mariscadores del Estuario del Guadalquivir, y poniendo en riesgo además la seguridad alimentaria de sus productos y la salud de sus consumidores".
Igualmente, la organización ha criticado además que la Junta promueva la reapertura de la mina, pese al juicio fijado por la Audiencia de Sevilla en 2025 para resolver si mediaron delitos de tráfico de influencias, prevaricación o fraude en la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero a México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel.
EL JUICIO PREVISTO PARA 2025
Se trata, principalmente, de los hermanos Mario e Isidro López Magdaleno, presidente y vicepresidente de la empresa cordobesa Magtel; el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Cecilio Fernández Guerrero por su papel como otrora secretario general de la Consejería de Innovación Ciencia y Empleo; la exdirectora general de Minas de la Junta de Andalucía María José Asensio Coto; los funcionarios de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta Sánchez Ibargüen, Julio Ramos Zabala y José Marcos Acosta Plaza como miembros de la mesa de contratación; el que fuera secretario general de la Delegación de Medio Ambiente de Sevilla Salvador Camacho Lucena e Iván Maldonado como jefe de Servicio de Minas de la Junta, también por su papel en la mesa de contratación.
El juicio abarca presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.
El asunto llegará a juicio, al detalle, después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.
"Los principios de precaución y de seguridad jurídica aconsejarían la suspensión de los procedimientos de autorización hasta que se celebre ese juicio oral en 2025", consideran los ecologistas, toda vez que la Justicia ha desestimado hasta hora todas las reclamaciones judiciales de suspensión de los permisos y trámites promovidos para reactivar el controvertido yacimiento minero de Los Frailes.
