El medio estadounidense The New York Times afirmó que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México no emitió argumentos convincentes para demostrar que la información que publicaron, respecto al espionaje a adversarios políticos de Morena, así como a algunos de sus militantes sea falsa.
En su respuesta a la fiscalía capitalina, el medio dijo que la información fue confirmada por varias fuentes de manera independiente.
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“Tres reporteros de The Times buscaron detalles a lo largo de meses de múltiples fuentes, confirmando de forma independiente todo lo que publicamos, incluidos documentos emitidos directamente por el juzgado de la Ciudad de México”.
Además de que durante el tiempo de elaboración del reportaje se buscó a la fiscal Ernestina Godoy para que declarara al respecto, pero no lo hizo.
“A lo largo de este proceso, buscamos comentarios de la fiscal general y su oficina, quienes no ofrecieron información convincente que contrarrestara nuestro informe, que también reflejaba el fallo de un juez federal”.
El 10 de noviembre Godoy Ramos dijo que la información publicada por The New York Times es falsa, ya que la investigación de basa en información que no está en la institución que ella encabeza.
“La parte fundamental que sostiene la información publicada por el The New York Times no es verdadera y presumiblemente está falsificada, el contenido del artículo y sus conclusiones, por lo tanto, son igualmente falsos y alejados de la verdad. Y esa es, justamente, la razón por la que ordené que se realizará una exhaustiva investigación para conocer el trasfondo de lo ocurrido”.
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Según Godoy, los números de expedientes, oficios, carpetas de investigación o registros en libros no corresponden a los usados por la FGJ de la Ciudad de México, situación que fue aclarada el medio de comunicación, pero decidió omitir esa información.
“Este tema, que ya había sido parte de una campaña de propaganda de varios integrantes del PAN. Esta Fiscalía tiene registro de varios amparos, dos fueron promovidos por Santiago Taboada y otro más por Alessandra Rojo de la Vega, se argumentó falsamente que fue intervenido un teléfono durante un año, lo cual es imposible, ya que la autoridad judicial solamente en su caso autoriza 180 días como máximo”.
