MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
Los condenados son la teniente coronel en retiro Martha Emilia Gañán Rojas y el mayor en retiro Dillam Augusto Carrillo Cáceres, excomandantes del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) en Caldas y Risaralda, respectivamente. Igualmente ha sido sentenciado a 49 años de prisión al exsubintendente Jorge Iván Ladino Montoya, exjefe de logística del GAULA en Risaralda.
Según la sentencia, el capitán Cáceres Carrillo y una uniformada se trasladaron en un vehículo hasta un restaurante en Manizales, área fuera de su jurisdicción, y retuvo a un hombre que departía en el lugar.
La víctima fue golpeada en reiteradamente e inmovilizado con un dispositivo eléctrico tipo taser y fue trasladado. Finalmente, quedó en otro vehículo que conducía el subintendente Ladino Montoya, el cual fue abandonado e incinerado en zona rural del departamento de Caldas.
"Las autoridades que atendieron la conflagración encontraron al hombre muerto en el baúl del vehículo, con evidentes signos de tortura, con varias partes del cuerpo mutiladas y rastros de haber recibido, por lo menos, 26 choques eléctricos", ha indicado la Fiscalía.
Horas después del secuestro, la entonces comandante del GAULA de Caldas, la mayor Gañán Rojas, llegó al lugar de los hechos y ordenó cambiar las matrículas del vehículo que utilizaron los uniformados para llevarse a la víctima.
Gañán Rojas no ejerció así las competencias legales para esclarecer lo ocurrido. Por al contrario, dificultó las investigaciones al conocerse que intentaba encubrir al capitán Carrillo Cáceres debido a que sostuvo relaciones con él antes y después del crimen.
La Fiscalía también recoge que los familiares del hombre secuestrado y asesinado denunciaron que recibieron llamadas en la que les exigieron 80 millones de pesos por la supuesta liberación de su ser querido.
CUATRO DETENIDOS POR FALSOS POSITIVOS
Este mismo sábado se ha informado de la detención de cuatro de los nueve militares investigados por falsos positivos ocurridos en 2002 en Cundinamarca.
En un operativo simultáneo en las ciudades de Bogotá, Medellín, Santa Marta y en el municipio de Apulo, fueron detenidos cuatro militares por un caso en la que también se investiga al excomandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, que entonces era coronel y comandante del Comando Conjunto de Operaciones.
Navarro habría dado la orden de combate con la que finalmente se mató a un hombre a quien hicieron pasar como un supuesto guerrillero.
