CARACAS (AP) — La líder opositora venezolana María Corina Machado, que arrasó en las primarias para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en 2024, rechazó el miércoles la decisión del gobierno de convocar un referendo sobre la disputa territorial que Venezuela mantiene con Guyana en lugar de defender los intereses del país ante las cortes internacionales.
Machado considera que el gobierno venezolano debe suspender el referendo porque podría resultar perjudicial a los intereses del país y prepararse para el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CPI).
Maduro y sus aliados piden a los ciudadanos que voten por el “sí” a cinco preguntas, una de las cuales llama a la creación de un estado en ese territorio en disputa y a otorgar la ciudadanía venezolana a residentes actuales y futuros.
“El Estado venezolano tiene que presentar, de manera impecable, nuestra defensa” ante la CIJ como plazo máximo el 8 de abril del año próximo, “así que aquí no hay lugar a más mentiras, ni más excusas”, dijo Machado en una declaración por sus redes sociales, a un mes de haber ganado las primarias de la oposición.
Su elección con más de un 90% de respaldo popular para ser el rostro de la oposición que enfrente a Maduro en las presidenciales del próximo año fue desacreditada por el gobierno, que calificó las primaras de ser “una farsa”.
Venezuela mantiene su posición de no reconocer a la Corte como medio de solución.
Ambos países se disputan el denominado Esequibo, un territorio de unos 159.500 kilómetros cuadrados que los venezolanos reclaman como suyo desde 1897, puesto que esa región estaba bajo su jurisdicción durante la colonia española.
Machado en su momento denunció a Maduro y a su predecesor, el ahora fallecido presidente Hugo Chávez, de debilitar la postura tradicional venezolana de oponerse a cualquier intento de Georgetown de explorar o explotar los recursos de esa región.
Chávez, al principio de su mandato (1999-2013), prometió reparar la “injusticia” del laudo arbitral de 1897 que fijó los actuales límites fronterizos entre ambas naciones. Años después suavizó su discurso y acusó a Estados Unidos de azuzar el enfrentamiento entre esos países, proponiendo en su lugar, que debían trabajar juntos por el bien de los pobladores de esa región.
Según Machado, el referendo previsto para el 3 de diciembre “es un error que no solo no aporta nuestros mejores argumentos a la defensa de nuestro territorio, sino que, incluso, nos puede perjudicar”, dijo.
Se debe articular, propuso la exlegisladora, un equipo conformado por los mejores historiadores, juristas, diplomáticos, “sin importar sus preferencias políticas” para defender ante la CIJ los derechos sobre el territorio, que constituye unos dos tercios de Guyana.
La semana pasada delegados de Venezuela acudieron a la audiencia convocada por la CIJ sobre un pedido de Guyana para que el tribunal principal de las Naciones Unidas detenga parte del referendo.
La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, juró entonces ante la Corte que su país seguirá adelante con la consulta popular, destacando que su comparecencia en la sede de la CIJ de ninguna manera implica el reconocimiento de su jurisdicción sobre la disputa territorial.
Un día antes, el equipo legal de Guyana calificó el referendo de “amenaza existencial” que busca allanar el camino para la anexión del Esequibo a Venezuela.
El referendo fue convocado por la Asamblea Nacional y ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia, ambos controlados por el oficialismo.
Maduro, paralelamente, ha exhortado repetidamente al secretario general de la ONU, António Guterres, a que renueve sus buenos oficios para reactivar el diálogo bilateral.
En 2016, el ahora ex secretario general de la ONU Ban Ki-moon reforzó ese proceso, que se remontaba a 1990, y advirtió entonces que si para finales de 2017 no se daba un avance importante en el caso del Esequibo, debería llevarse ante la Corte Internacional.
En enero de 2018, Guterres finalmente remitió el caso a la CIJ, acto seguido Guyana formalizó el expediente. En abril, el máximo tribunal de las Naciones Unidas emitió una sentencia contra Venezuela y se declaró competente para seguir en la materia.
El gobierno venezolano dice que desde 1840 Gran Bretaña “forjó mapas y montó una estratagema para perpetrar el fraudulento arbitraje” de un tribunal internacional en 1899 que trazó la frontera, favoreciendo principalmente a la antigua potencia colonial británica.
