El exogobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, consiguió que un juez cambiara su medida cautelar de prisión preventiva, por arresto domiciliario por la acusación que se sigue en su contra por lavado de dinero, la medida incluye que porte un brazalete electrónico y cubra una garantía económica por 10 millones de pesos.
Los abogados del exgobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) argumentaron que hay jurisprudencia que permite el cambio de medida cautelar, pues ya pasaron dos años de su detención y se puede hacer dicha solicitud, la cual fue aceptada por el juez.
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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una condena de 15 años por ese delito, ya que vendió terrenos propiedad del estado por medio de prestanombres a un precio por debajo de los avalúos oficiales, con lo que se quebrantaron las finanzas estatales por 900 millones de pesos.
Sin embargo, aún no podría salir de la cárcel, ya que aún enfrenta otro proceso por delincuencia organizada, delito por el que en marzo de este año se le impuso la prisión preventiva, hechos también relacionados con la venta irregular de terrenos.
También enfrenta un proceso por desempeño irregular de la función pública, pues habría entregado de forma irregular concesiones de transporte, en este caso no se ejerció ninguna medida precautoria.
Mientras que en el fuero común existen dos acusaciones relacionadas con los presuntos pagos indebidos a través de la paraestatal Vipsa.
Roberto Borge Angulo huyó de México cuando acabó su mandato al frente de Quintana Roo, en donde fue gobernador desde el 5 de abril de 2011 al 24 de octubre de 2016, pero fue hasta mayo de 2017 cuando se giró una orden de detención.
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Previo a su detención se le vio asistir a juegos de la NBA en Miami, Florida, también se paseó por Toronto, Canada; La Habana, Cuba; Nasáu, Bahamas y Panamá, en donde se hospedó en un departamento de la Torre Trump.
Su detención ocurrió en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, hasta donde llegaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) adscritos a la Interpol México y de la Interpol Panamá, cuando estaba a punto de subir a un avión para llegar a París, Francia y luego dirigirse a Barcelona, España.
