Gloria ‘N’ y Edgar ‘N’, hermana y sobrino del exsecretario de seguridad Genaro García Luna, respectivamente, fueron vinculados a proceso por su presunta participación en los delitos de manejo de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Durante una audiencia virtual celebrada en el juzgado federal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que presuntamente los imputados eran dueños de diversas cuentas vinculadas a empresas que supuestamente operaban como fachadas para facilitar que una empresa de seguridad obtuviera licitaciones a través de concursos.
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Cabe recordar que Gerardo García Luna ha sido relacionado con más de 5 mil millones de pesos, supuestamente adquiridos mediante diversos concursos, que abarcaban servicios de seguridad en penales federales. Estos fondos se dispersaron entre 2011 y 2019 en empresas que presuntamente actuaban como fachadas.
La FGR solicitó prisión preventiva justificada como medida cautelar, con la intención de mantener a los acusados en penales federales mientras se resuelve su situación legal. Después de los argumentos presentados por la FGR y los abogados de oficio, se concedió un receso de dos horas para que el juez tomara una decisión.
Temen por su vida
En ese sentido, Gloria ‘N’ expresó que teme ser víctima de presuntos delincuentes detenidos por su hermano durante su gestión en la Secretaría de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón. Asimismo, hizo responsable a la Fiscalía de su vida e integridad física debido a la investigación.
Aseguró que ella y sus hermanos se han dedicado al estudio y al trabajo en el servicio público y privado, lamentando que la investigación haya puesto en peligro su honorabilidad. Su único interés, afirmó, es limpiar el nombre de su familia.
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Por esa razón, el juzgador indicó que solicitaría a las autoridades penitenciarias garantizar condiciones de seguridad, como la asignación de bloques con internos de baja peligrosidad, aislamiento, entre otras medidas.
Finalmente, se estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, sin descartar la posibilidad de una audiencia para revisar la medida cautelar en algún momento.
