La iniciativa propuesta por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que pretende modificar la estructura de organismos constitucionales autónomos (OCA), busca “reintegrar sus funciones” a varias secretarías y departamentos gubernamentales. No obstante, ha recibido críticas por no tener en cuenta todas las funciones de las instituciones que planea afectar.
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Entre los organismos afectados se encuentra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuya labor ha sido crucial al obligar a diversas instituciones gubernamentales a transparentar su información pública, revelando así una serie de actos de corrupción.
Asimismo, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) también se ve involucrada en esta iniciativa, siendo objeto de críticas por parte del titular del Ejecutivo federal debido a sus investigaciones, que han afectado algunas de las acciones de la llamada Cuarta Transformación.
¿Cómo justifica el presidente la modificación en los organismos autónomos?
La Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de simplificación orgánica, señala:
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece): Se menciona que, aunque fue creada para garantizar la libre competencia y prevenir monopolios, la realidad ha sido diferente. La iniciativa propone devolver sus funciones a la Secretaría de Economía, argumentando que su autonomía ha beneficiado principalmente a empresas privadas en detrimento del interés público.
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): Similar a la Cofece, aunque se creó para regular y promover las telecomunicaciones y radiodifusión, se señala que no ha sido eficaz en combatir monopolios y que tiene una estructura orgánica grande con salarios elevados. Sus funciones serían asumidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): Se critica por ser una institución costosa con una estructura burocrática grande, que no ha garantizado adecuadamente el acceso a la información y ha encubierto la corrupción en ciertos casos. Sus funciones se distribuirían entre la Secretaría de la Función Pública y otros organismos según el ámbito de competencia.
Referente a la iniciativa de reforma presentada por el Titular del Ejecutivo, el INAI hace del conocimiento público que analizará detalladamente su contenido, así como las acciones a emprender, conforme a sus atribuciones.
— INAI (@INAImexico) February 6, 2024
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Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval): Aunque se reconoce su importancia en la medición de la pobreza y evaluación de políticas públicas, se menciona que hay duplicidad de funciones con el Inegi, lo que lleva a proponer su fusión con este último.
El #CONEVAL genera evidencia para que los gobiernos federal, estatales y municipales sepan cómo mejorar sus indicadores asociados a las carencias sociales.
— CONEVAL (@coneval) February 6, 2024
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Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Reguladora de Energía (CRE): Se critica la creación de estos organismos como parte de una tendencia a la pulverización de facultades del Estado, lo que limitó su capacidad para planear y solucionar problemáticas sociales. Se propone que sus funciones sean asumidas por la Secretaría de Energía.
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu): Se menciona su creación como parte de la reforma educativa y se propone que sus funciones sean transferidas a la Secretaría de Educación Pública.
