Extrabajadores ferrocarrileros mexicanos, agrupados en el Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción Sindical (FERRO), advirtieron que este miércoles 14 de febrero iniciarán una serie de movilizaciones y bloqueos tras sentirse traicionados por el gobierno federal.
De acuerdo con la organización, miles de extrabajadores iniciarán acciones que incluyen el cierre de fronteras comerciales en Nogales, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo, así como el bloqueo de tramos viales del Tren Maya y el Tren Interoceánico. Además, se llevarán a cabo manifestaciones en el Zócalo de la Ciudad de México y se cerrarán vialidades en distintas partes del país.
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Los inconformes exigen cumplimiento inmediato del compromiso anunciado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en 2022, referente al Proyecto de Justicia Social para los excolaboradores de Ferrocarriles Nacionales de México.
En una conferencia de prensa, los dirigentes de FERRO expresaron su rechazo total al trato recibido por parte de la Secretaría de Gobernación y otras dependencias, especialmente al informarles que, tras un año y medio de negociaciones, el Proyecto de Justicia Social prometido “carece de fecha de inicio y ha sido relegado a un estado indefinido”.
¿De qué trata el acuerdo?
Los representantes de FERRO y organizaciones afines recordaron la instrucción del presidente el 25 de mayo de 2022, en la que ordenó a la Secretaría de Gobernación elaborar el Proyecto de Justicia Social para los afectados por la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México. Después de numerosas reuniones, el proceso concluyó el 27 de noviembre de 2023.
Eduardo Canales Aguiar, presidente de FERRO, expresó la desconexión respecto a si el presidente tiene conocimiento y conformidad con la situación, y ante la falta de respuestas sobre la implementación del Proyecto, aseguró que la única opción es la protesta pública por el maltrato sufrido.
Los representantes de los extrabajadores subrayaron la urgencia de la situación para miles de familias y destacaron que el Proyecto de Justicia Social es la única alternativa para aproximadamente 4,000 extrabajadores, con la posibilidad de que más se sumen en el futuro.
Se denunció que las autoridades argumentaron la destinación de recursos para pagar laudos ganados por otros ferrocarrileros, lo cual, aseguran, contradice el propósito original del Proyecto y plantea preocupaciones sobre corrupción. Las últimas reuniones con Segob, Ferrocarriles Nacionales y el INDEP se tornaron ríspidas debido a estos desacuerdos.
Exigen atención
En un llamado urgente al presidente de México, instaron a no ignorar sus demandas y a cumplir la palabra empeñada en favor de la justicia social para los exferrocarrileros. Concluyeron destacando la importancia de esta causa, equiparable a los proyectos de infraestructura emprendidos por la administración.
“Desconocemos si el presidente de México tiene conocimiento de esta situación y si de estarlo existe conformidad de su parte, pero ya que no tenemos forma de saberlo ni tampoco respuesta sobre la aplicación del Proyecto, lo que nos queda es expresarnos públicamente en protesta por el maltrato del que hemos sido objeto”, expresó Eduardo Canales Aguiar, presidente de FERRO.
