Un juez federal estableció la prisión preventiva en contra de Ismael Figueroa, exdirector del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México, quien fue acusado del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 12 millones de pesos, cifra superior a sus ingresos como trabajador de esa dependencia del gobierno capitalino.
Durante la audiencia que se realizó en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, el juez de control Juan José Hernández Leyva estableció que será hasta el próximo lunes cuando se determina si lo vincula o no a proceso.
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La Jornada informó que el Ministerio Público Federal aportó pruebas, dos de ellas fueron los testimonios de dos trabajadores que fueron cercanos a Ismael Figueroa, quienes denunciaron ventada plazas, las cuales cobraba el dirigente sindical por 180 o hasta 200 mil pesos.
Los finales expusieron que Figueroa, como trabajador y luego como líder del sindicato, entre 2013 y 2018 desvió recursos económicos a las cuentas bancarias de su esposa Lila Salomón López, así como a las de sus padres, Daniel Figueroa y Raquel Flores Sánchez.
Los agentes de la fiscalía añadieron que actualmente hay 37 carpetas de investigación en contra de Figueroa, además de que tres órdenes de aprehensión están vigentes. A esto se suma que se presentaron cinco facturas de vehículos que compró y cuyo monto alcanza casi dos millones de pesos.
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“Los depósitos que se realizaron a su esposa fue a través de tres tarjetas American Express por un monto de 11 millones 418 mil pesos. Los agentes del MPF afirmaron que las cifras no cuadraban porque los ingresos de Ismael Figueroa de 2013 a 2018 fueron de un millón 953 mil pesos y el total de operaciones que realizó en esos años fue de 13 millones 711 mil es decir había un exceso de 11 millones 757 mil pesos”.
Julián Cisneros, abogado de Figueroa dijo que su salida del país en 2018 fue luego del ataque armado del que fue víctima, cuando dispararon en su contra cuando salía de comer de un restaurante en la colonia Condesa, no porque se quisiera evadir de la justicia.
Sin embargo, en 2019, la Secretaría de la Contraloría General lo inhabilitó por 20 años y sancionó con 187 mil 700 pesos.
