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Morena mete acelerador para destituir a Pérez Dayán por tumbar la reforma eléctrica

El ministro de la SCJN dio su voto en contra de la reforma, evitando la aplicación de la medida que, según el gobierno, buscaba la soberanía energética

Pérez Dayán.

La vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz, formalizó la intención de someter a juicio político al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, por su voto contra la reforma eléctrica.

Te interesa leer: Morena va por juicio contra ministro Alberto Pérez Dayán por reforma eléctrica

“En defensa de nuestra soberanía energética y contra un proceso irregular del ministro Alberto Pérez Dayán, hoy presenté, en nombre de diputados de Morena, solicitud de Juicio Político en su contra. No podemos permitir que continúen estos atropellos contra el patrimonio nacional”, precisó en su cuenta personal de X (Twitter).

El partido Morena busca someter a juicio político al ministro debido a su voto de calidad en la deliberación sobre la reforma eléctrica. Este voto fue determinante para la resolución del caso, lo que ha sido interpretado por Morena como una actuación contraria a las normas establecidas.

Argumentan que el ministro, en su calidad de presidente de la Segunda Sala, debió abstenerse de emitir un voto de calidad y, en su lugar, buscar una solución alternativa para el desempate, como incorporar a otro ministro o llevar el asunto al pleno de la Corte.

La solicitud de juicio político ha recibido el respaldo de varios miembros de Morena, incluyendo a legisladores y figuras prominentes dentro del partido. Este apoyo se manifiesta en la unidad del grupo parlamentario de Morena y sus aliados en el Congreso, quienes consideran que la actuación de Pérez Dayán podría constituir una violación a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Acciones en controversia

La controversia central gira en torno a la decisión del ministro Pérez Dayán de utilizar su voto de calidad para resolver un empate en la votación sobre la reforma eléctrica. Este voto fue crucial para determinar el resultado final de la deliberación, provocando la inconstitucionalidad de ciertos aspectos de la reforma propuesta por el gobierno federal. Esta acción es percibida por Morena como un ejercicio indebido de sus facultades.

La reforma eléctrica en cuestión se propuso con la intención de modificar el marco regulatorio del sector eléctrico mexicano y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) frente a competidores privados y extranjeros.

Se pretendía cambiar las reglas del mercado para favorecer a la empresa estatal en la generación y distribución de electricidad, limitando así la participación del sector privado. Sin embargo, la oposición consideró que con la reforma se incrementarían los precios de la electricidad y volvería más lenta la transición energética del país

¿Qué es un juicio político?

Es un proceso constitucional que tiene como objetivo determinar la responsabilidad de altos funcionarios públicos, incluyendo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por actos u omisiones que puedan ser considerados como faltas graves en el desempeño de sus funciones. Este proceso está regulado por la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y puede resultar en sanciones que incluyen la destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar otros.

El proceso se inicia cuando cualquier ciudadano presenta, bajo su responsabilidad, una denuncia por escrito contra un servidor público ante la Cámara de Diputados, apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes que establezcan la existencia de la infracción y permitan presumir la responsabilidad del denunciado. Las denuncias anónimas no son consideradas.

Una vez presentada la denuncia, esta se dirige a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados. Estas comisiones, junto con una subcomisión de examen previo de denuncias de juicios políticos, son las encargadas de sustanciar el procedimiento. La Cámara de Diputados actúa como órgano instructor y de acusación, mientras que la Cámara de Senadores funciona como jurado de sentencia.

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