En la Cámara de Diputados se propuso una iniciativa para reformar el artículo 261 del Código Penal Federal con el objetivo de imponer una sanción más rigurosa a aquellos que perpetren actos de violencia sexual contra menores.
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De acuerdo con Karina Barrón Perales, legisladora que desarrolló la propuesta, lo que se contempla con la nueva normativa es la aplicación de la castración química de por vida, junto con una pena de más de 20 años de prisión y una multa de hasta 1,500 días de salario mínimo, es decir, más de 373 mil pesos.
En su exposición de motivos, la diputada del Grupo Parlamentario del PRI destacó la importancia de salvaguardar la integridad de los niños, enfatizando que merecen protección, justicia, cuidado y respeto. Asimismo, subrayó que aquellos que no brinden estas garantías no deben ocupar cargos con autoridad jurídica.
“No más impunidad, no más corrupción y tráfico de influencias. No más atropello al dolor de un menor. No más excusas irrisorias en perjuicio de la menor. No más impunidad”, sostuvo.
Barrón Perales mencionó el caso de Victoria Figueiras, madre de una niña presuntamente víctima de abuso sexual por parte de su tío en el Estado de México. A finales del mes pasado, febrero, este caso generó un bloqueo en Periférico, subrayando la urgencia de asegurar la justicia en tales circunstancias. La legisladora sostiene que el delito no debe minimizarse y aboga por una sanción ejemplar.
Por ello, enfatizó la única forma de evitar y contener este tipo de delitos contra infantes, es que reciban como pena ejemplar la castración química.
Ejemplos de castración química en otros países
Barrón Perales explicó que al menos 10 países han aplicado de manera obligatoria este castigo como Indonesia, donde —señaló— la violencia sexual contra niños se ha incrementado de forma significativa; en Estados Unidos alrededor de nueve estados aplican esta medida, entre ellos, Georgia, Iowa, Luisiana, Montana, Oregón, Texas y Wisconsin.
Además, agregó que naciones como Polonia, Rusia, Moldavia, Estonia y Corea del Sur, también aplican esta acción legal para contener este delito.
¿Qué dicen los expertos?
La castración química para violadores de menores ha generado un amplio debate global, con países adoptándola en distintas formas, desde obligatoria hasta voluntaria, buscando reducir la reincidencia de abusos sexuales.
Polonia, Rusia, Moldavia, Estonia y Corea del Sur son algunos de los países que han implementado esta medida, ya sea de manera obligatoria para ciertos delincuentes o como opción voluntaria para otros, con el objetivo de disminuir su deseo sexual y, con ello, la posibilidad de reincidir en el crimen. Aunque en lugares como Polonia se registró un aumento en el consumo de material de abuso sexual infantil tras su implementación, otros países continúan adoptando esta medida, argumentando la protección de menores frente a abusadores sexuales reincidentes.
Sin embargo, esta medida ha enfrentado críticas significativas por parte de defensores de los derechos humanos y expertos en el campo de la salud mental, quienes argumentan que la castración química no aborda las causas subyacentes del abuso sexual.
La preocupación radica en que el abuso surge de complejidades psicoemocionales y sociales, más allá del simple control de impulsos sexuales. La violencia sexual, según los críticos, debe considerarse dentro del contexto más amplio de la violencia y el abuso en el hogar, donde medidas como la castración química podrían ser vistas como soluciones superficiales a problemas profundamente enraizados.
Además, la implementación de la castración química plantea cuestiones éticas y legales, con algunos argumentando que contraviene los estándares internacionales de derechos humanos, haciendo énfasis en que debería buscarse una solución más integral que incluya prevención, educación y tratamiento psicológico para abordar las causas raíz del comportamiento abusivo.