Recientemente se dio a conocer que Tania Valentina Rodríguez Ruiz, actual diputada local y líder del Partido del Trabajo (PT) en Morelos, se postuló por cuarta vez consecutiva para ocupar una curul plurinominal, esta vez utilizando la autoadscripción como afrodescendiente; mientras que Jonathan Márquez, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en dicha entidad, también se inscribió para competir por una diputación local plurinominal, pero lo hizo autoidentificándose como persona indígena.
La situación se repite en Oaxaca, donde existen candidaturas ocupadas por personas que no cumplen con las acciones afirmativas para lo que fueron creadas, ya que tiene el objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales, como el pertenecer a un pueblo originario, ser afromexicano o en tener alguna discapacidad.
En ese sentido, diversos colectivos y organizaciones civiles en Oaxaca han levantado la voz contra lo que consideran una usurpación flagrante en los cargos de elección popular durante el proceso electoral en curso.
Ningún partido se escapa
Esto debido a que candidatos y candidatas del PRI, PAN, PVEM, Morena, PT y Fuerza Por México han ocupado lugares que deberían corresponder a personas con algún tipo de discapacidad, según lo establecido por la ley.
Se trata de Gabriela Pérez del PVEM y Carmelita Ricárdez del PRI se asumieron como indígenas y no lo son, Armando Demetrio Bohórquez Reyes del PRI y Fidel Moisés Martínez Salazar de Fuerza por México alegaron tener un tipo de discapacidad; mientras que Juan Mendoza Reyes, Heliodoro Caballero, Perfecto Rubio del PAN y Obdulia García López del PRI se inscribieron como afromexicanos, y tampoco lo son.
Por esta razón, Edgar Cruz Luján, activista, abogado, atleta paralímpico y representante de uno de los colectivos denunciantes, urgió a legislar en la materia, ya que varios de los actuales aspirantes abusan de los vacíos legales para usurpar los espacios que no les corresponden.
Finalmente, los colectivos advirtieron que si las autoridades electorales no toman medidas para evitar esta situación, promoverán un voto de castigo y realizarán un boicot a las campañas de los candidatos señalados como falsos.
