En la Cámara de Representantes de Estados Unidos avanzó el presupuesto federal de 2026, que –este año– afectará a millones de mexicanos, por la eventual aplicación del nuevo impuesto del 3.5% sobre las remesas, enviadas por migrantes que no cuentan con ciudadanía estadounidense ni residencia permanente.
La madrugada de este jueves fue aprobado el proyecto, y aunque aún debe pasar por el Senado, genera preocupación tanto en Estados Unidos como en México, por su potencial impacto social, económico y humano.
El gravamen afectará directamente a los migrantes considerados “no documentados”, es decir, aquellos que no tienen ciudadanía ni residencia legal en EE. UU., y que tampoco están amparados por programas como DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).
Estimaciones de los especialistas de BBVA Research indican que este grupo está compuesto por unos 4.1 millones de mexicanos que actualmente viven y trabajan en el país vecino.
En contraste, no se aplicará el impuesto a los migrantes con ciudadanía estadounidense, a residentes permanentes (Green Card), ni a quienes tienen otros estatus migratorios regulares.
Incluso las personas que son beneficiarios de DACA, aunque técnicamente no cuentan con un estatus permanente, estarán exentos del pago neto del impuesto.
¿De cuánto dinero estamos hablando?
Para poner esto en contexto, cabe recordar que en 2024, México recibió 62 mil 500 millones de dólares en remesas desde Estados Unidos, enviadas por millones de connacionales como una ayuda sus familias que dejaron en el territorio mexicano.
Tomando en consideración que aproximadamente la mitad de ese monto proviene de migrantes sin documentos, como lo estiman analistas, el nuevo impuesto podría representar una retención de mil 093.75 millones de dólares para 2026.
Esta cifra equivale a recursos que no llegarán a los hogares mexicanos que dependen de ese dinero para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud, educación y vivienda.
Los estados más afectados en términos absolutos serían:
- Michoacán: –147.5 mdd
- Guerrero: –146.6 mdd
- Oaxaca: –124.8 mdd
- Puebla: –122.8 mdd
- Guanajuato: –121.3 mdd
Mientras que, en términos relativos, el golpe sería más severo se registraría en
- Tamaulipas: –4.4%
- Guerrero: –4.3%
- Puebla –3.6%
- Oaxaca –3.6%
- Veracruz: –3.4%
Estrategias para evitar el impuesto
Analistas alertaron que la aprobación del impuesto podría llevar a muchos migrantes a buscar alternativas legales e informales para eludir el cobro.
Explicaron que, una de las opciones para evitar el pago extra es recurrir a familiares o conocidos que sí cuenten con ciudadanía o residencia legal —como hijos, hermanos o amigos— para que sean ellos quienes envíen las remesas en su nombre.
Este apoyo podría provenir de los ocho millones de adultos de segunda generación, con –al menos– un padre nacido en México; y 7.9 millones de adultos de tercera generación que viven en EE. UU.
Y aunque estos últimos envían remesas en menor medida, podrían representar una red solidaria clave para mitigar el impacto del nuevo gravamen.
No obstante, especialistas de BBVA indican que se anticipa un renacimiento de canales informales, que habían quedado en desuso desde los años noventa, como el uso de personas remesadoras que transportan dinero o bienes entre ambos países.
Por ello, otros mecanismos legales emergentes incluyen el comercio electrónico transnacional, el envío de tarjetas de regalo o el uso de monederos electrónicos, que permitirían sostener el apoyo económico a las familias mexicanas sin realizar transferencias de dinero directo.
No obstante, existe el riesgo de que la presión fiscal fomente el crecimiento de mercados informales, con la posible intervención de organizaciones criminales en el tráfico de remesas.
Y esto podría debilitar los sistemas actuales de transferencia —seguros, competitivos y transparentes— y dar paso a redes opacas más difíciles de controlar.
¿Es definitivo el impuesto a las remesas?
El paquete presupuestario aprobado aún debe pasar por la aprobación del Senado estadounidense, donde enfrentará una oposición más firme, tanto de demócratas como de algunos republicanos moderados.
Entre los puntos más cuestionados figuran, no sólo el impuesto a las remesas, sino también los recortes a programas sociales como Medicaid y el incremento de 46 mil 500 millones de dólares en gasto para seguridad fronteriza, incluyendo la expansión del muro.
La discusión en el Senado será determinante para el futuro de esta medida y su impacto potencial sobre millones de familias mexicanas.
