A pesar de la urgencia de la ayuda, esta no llega a Haití, y la comunidad internacional se queda en meros discursos sin poder consensuar acciones concretas."La magnitud y duración de esta violencia ha superado la capacidad de la Policía Nacional haitiana, incluso con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad", afirmó la enviada especial de la ONU a Haití, María Isabel Salvador, en la sesión del Consejo de Seguridad del día 21 de abril.Las cifras son preocupantes: en febrero y marzo de este año fueron asesinadas más de 1.000 personas y al menos 60.000 debieron desplazarse huyendo. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha manifestado que "prestar asistencia es cada vez más difícil, ya que los trabajadores humanitarios se encuentran atrapados junto a las personas a las que intentan ayudar".
La ayuda humanitaria para Haití carece de financiación. Se avecina un colapso institucional en el país, de manera que el representante de Dinamarca en el Consejo de Seguridad sentenció con cierto alarmismo: "La caída de la capital en manos de bandas es una posibilidad que no podemos descartar ni permitir". La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad está trabajando en el refuerzo de las capacidades policiales nacionales de Haití con el desplazamiento de soldados kenianos, aunque el despliegue actual es de 1.000 efectivos, menos del 40 % de los 2500 previstos en el concepto de operaciones. Pero, a pesar de la urgencia de la ayuda internacional, esta no llega a Haití, y la comunidad internacional se queda en meros discursos sin poder consensuar acciones concretas. Especialmente el gobierno de EE. UU., desde donde provienen muchas de las armas utilizadas por las bandas criminales, se ha limitado a declarar terroristas a las bandas Viv Ansamn y Gran Grif.
La presión de la crisis haitiana recae, por lo tanto, en gran parte en la vecina República Dominicana, donde vive medio millón de haitianos. Aunque el gobierno del presidente Luis Abinader insiste en que "no hay ni habrá solución dominicana a la crisis haitiana" y en que se requiere apoyo de la comunidad internacional, sigue habiendo un déficit generalizado de atención al caso de Haití a nivel mundial. Mientras tanto, sigue en alza el rechazo a la presencia y entrada irregular de muchos haitianos en la sociedad dominicana.
El movimiento Antigua Orden Dominicana
En una marcha patriótica por las calles de Friusa, en Bávaro, Punta Cana, región donde la presencia haitiana es alta debido a la cantidad de construcciones que se estaban desarrollando, los manifestantes protestaron por la falta de autoridad y reclamaron medidas migratorias más estrictas. Convocados por el movimiento Antigua Orden Dominicana, una organización civil animada por el patriotismo y el fervor nacionalista, marcharon en defensa de la dominicanidad, gritando consignas como "¡Llegó la hora de liberar a la República Dominicana!" y "¡Patria o muerte!" Ángelo Vásquez, el presidente de esta organización, quien siempre usa vestimenta militar, pide regulaciones para que el país pueda ser "libre" de la inmigración haitiana. Al mismo tiempo, hace un llamamiento a los dominicanos para que se preparen, porque lo que está por venir será "una nueva restauración de la República Dominicana".
Estos ciudadanos, que dicen defender la soberanía, piden al Gobierno que refuerce las restricciones migratorias que ya están en vigor con redadas contra inmigrantes haitianos. La preocupación de que la violencia que mantiene en vilo a Haití se extienda a la República Dominicana domina el debate público, especialmente ante la ausencia de una respuesta contundente de la comunidad internacional, que es vista con desconfianza por parte de la Antigua Orden Dominicana.
Nuevas medidas gubernamentales
El gobierno ordenó acelerar la construcción de una verja fronteriza con Haití que recorrerá parte de los más de 390 kilómetros de frontera entre ambos países. Desde 2022 se han construido 54 kilómetros y se espera que se liciten otros 13 próximamente. El presidente Abinader también anunció la incorporación de 1.500 soldados más, de manera que habrá 12.000 prestando servicios en la frontera, apoyados por agentes migratorios a los que se añadirán 750 nuevos efectivos. Al mismo tiempo, se llevarán a cabo operativos para buscar a migrantes en situación irregular y se pretende deportar semanalmente a unas 10.000 personas sin papeles, en su totalidad haitianas.
Pero el tema no se limita al área de la seguridad, también se está debatiendo mucho en la República Dominicana la atención sanitaria de los haitianos: se está pidiendo a los pacientes que acudan a los hospitales públicos que presenten una identificación, una carta de trabajo y una prueba domiciliaria, y se está pensando en acordar una tarifa para todos los servicios prestados. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado al Gobierno dominicano de violar los derechos humanos. El gobierno, por su parte, insiste en que "los derechos de los dominicanos no se verán desplazados" y que la solidaridad tiene sus límites. Además, el Gobierno se ha empeñado en impulsar la elaboración de una política nacional sobre Haití mediante una concertación entre el presidente Abinader y sus tres antecesores: Danilo Medina, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Desde este foro también se ha alertado de nuevo a la comunidad internacional sobre la situación de Haití y se ha pedido que asuma su responsabilidad y no deje a la República Dominicana hacer frente sola a esta relación vecinal tan difícil.
(ers)
