César Román Mora Velázquez, excontralor de Hidalgo durante el gobierno de Omar Fayad (2016–2022), fue detenido en Miami, Florida, por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Su captura se dio como parte de un operativo coordinado con autoridades mexicanas y representa un avance significativo en la investigación sobre la llamada “Estafa Siniestra”, uno de los escándalos de corrupción más graves en la historia reciente del estado.
Mora Velázquez es señalado como presunto operador clave en este entramado de corrupción que habría desviado más de 500 millones de pesos del erario. La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo confirmó su detención y detalló que ya se trabaja en su proceso de extradición a México, donde enfrenta acusaciones por fraude, simulación de contratos y enriquecimiento ilícito.
¿Qué hizo César Román Mora en el Gobierno de Hidalgo?
Durante su gestión como contralor, Mora tenía a su cargo la fiscalización y supervisión del uso de los recursos públicos del estado. Sin embargo, según las investigaciones, formó parte de un esquema complejo de desvío de fondos que involucraba la simulación de contratos, incluyendo adquisiciones durante la pandemia de Covid-19, uso de empresas fantasma, manipulación de licitaciones y operaciones de compraventa de propiedades con recursos públicos.
La Procuraduría de Hidalgo emitió una orden de aprehensión en su contra desde marzo de 2023. No obstante, Mora Velázquez logró evadir a la justicia por más de un año hasta ser ubicado y detenido en territorio estadounidense.
¿Qué es la “Estafa Siniestra”?
La llamada “Estafa Siniestra” es un caso emblemático que ha destapado una red de corrupción a nivel estatal y municipal en Hidalgo. El esquema consistía en la firma de contratos inflados o directamente falsos para justificar la salida de recursos que nunca fueron aplicados a obras o servicios públicos. El dinero fue triangulado a través de empresas fachada, muchas de ellas registradas a nombre de prestanombres.
Este caso ha salpicado a varios exfuncionarios y autoridades municipales, y es considerado uno de los maxiprocesos (esfuerzo de coordinación entre policía, fiscalía y jueces para situar los procesos judiciales en el contexto de una estructura organizada) más importantes emprendidos por la actual administración estatal. Las autoridades han reiterado que el objetivo es sancionar a todos los responsables y recuperar los recursos desviados.
