El Sistema Hídrico El Batán es presentado por el gobierno de Querétaro como la solución definitiva al abasto de agua en los próximos 50 años. La obra, que contempla el uso de aguas tratadas y captación pluvial, representa una inversión superior a los 40 mil millones de pesos bajo un esquema de Asociación Público-Privada (APP).
Pero mientras el discurso oficial se fortalece en eventos institucionales, la ciudadanía sigue sin conocer los detalles de un proyecto que podría cambiar la forma en que se accede al agua en la entidad.
En una consulta ciudadana no oficial —organizada por legisladores—, el 98 % de los participantes afirmó no conocer el proyecto, el 96 % se dijo en contra de potabilizar aguas residuales y el mismo porcentaje rechazó el modelo de inversión.
Legisladores de oposición han solicitado la realización de una nueva consulta pública vinculante y han advertido sobre un decreto que otorga amplias facultades al Ejecutivo para avalar contratos sin aprobación del Congreso. “Es un cheque en blanco”, han señalado.
Aunque la administración estatal afirma contar con respaldo técnico de universidades como la UNAM y la UAQ, además de la Conagua y la SHCP, el proyecto aún no logra legitimarse ante la opinión pública.
Por ahora, 14 presidentes municipales firmaron un manifiesto de respaldo, mientras voces académicas plantean formar una contraloría social. Sin embargo, la fractura ya es visible: ciudadanía y Congreso local piden claridad, participación y garantías.
El Batán se perfila como uno de los temas que marcará el debate público en el segundo semestre del año. Y en ese debate, la ciudadanía exige más que promesas técnicas: pide transparencia, consulta y derecho a decidir.
