En México arrecia la persecución a los críticos del poder, disfrazada como lucha contra el ciberacoso. Analistas encienden las alarmas ante prácticas que superan los abusos durante la época de la “dictadura perfecta”.La cultura política autoritaria en México alcanza niveles que no se vieron en el siglo XX, y ahora surge contra toda forma de disenso, estiman analistas y defensores de derechos humanos.
"Ni en los 71 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) recuerdo el cierre de un periódico por orden judicial”, dice en entrevista con DW Leopoldo Maldonado, representante en México de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19.
Lo que no pasó en la época mexicana que el Premio Nobel Mario Vargas Llosa alguna vez llamó "la dictadura perfecta”, ocurrió hace una semana: En el sureño Estado de Campeche, una jueza condenó a un periodista por "incitación al odio” en contra de la gobernadora Layda Sansores, y ordenó el cierre de la página digital de "Tribuna”, un medio regional con más de 50 años de tradición.
Maldonado expresa su preocupación: "La censura no es nueva en México, pero la manera tan cínica como se está dando es a través del aparato judicial y con la aprobación de leyes, para censurar la expresión pública. Es un precedente muy negativo”.
Sin barreras a la persecución de periodistas
Sin embargo, no es coincidencia, ya que hace tres semanas, por voto popular, el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se aseguró el control de las Cortes claves del Poder judicial. "Ya no hay barreras que antes había en el poder judicial federal”, lamenta Maldonado.
Y el poder político viene con todo sobre el periodismo: En Campeche, Jorge Luis González Valdéz, exdirector de "Tribuna” y jubilado desde 2017, debe pagar una multa de casi 100.000 dólares dentro de dos semanas, le fueron suspendidas las redes sociales, y se le prohíbe ejercer el periodismo durante dos años.
"Es una persecución judicial”, considera Balbina Flores, representante de la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) en México. "Hemos revisado todas las actas judiciales y es una acción aberrante que solo se explica por la venganza de la gobernadora, quien se alegró públicamente de la rapidez del fallo.”
Leyes al vapor que criminalizan la libertad de expresión
Pero no es el único caso. El Congreso del Estado de Puebla votó una ley sobre ciberacoso que penaliza con hasta tres años de cárcel a quienes "violenten, insulten o acosen” a una persona en redes sociales. En Michoacán hay una iniciativas parecida y al nivel federal estan en debate varias normas que facultan al Gobierno bloquear y bajar información en plataformas digitales.
"Cada vez se hace más común la aprobación de leyes que limitan la libertad de expresión al vapor, sin revisión y sin concertación, valiéndose de la opinión de los expertos”, explica Flores a DW.
Además, considera preocupante la falta de una redacción clara y precisa del delito. Esto abre la puerta a abusos, sobre todo cuando los tres poderes del Estado están bajo control del mismo partido.
"Es un retroceso terrible”, coincide Josefina Buxadé, experta en transparencia y directora del departamento de ciencias de la comunicación de la Universidad de las Américas Puebla.
"En 2011, el Congreso de Puebla eliminó del Código Penal los delitos de difamación y calumnia justamente por el mal uso que se le podía dar”, explica la especialista. Y añade: "como periodista, puedes dar a conocer un hecho verdadero, pero si alguien se siente difamado, sería un delito”, cuestiona la académica.
El lunes pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se hizo eco de las críticas y exhortó al Congreso y autoridades de Puebla a revisar el artículo 480 del Código Penal sobre ciberasedio. Señala que la falta de claridad de la redacción puede derivar en restricciones indebidas al derecho a la libertad de expresión.
Ojo con las publicaciones en redes sociales
Pero no solamente los periodistas están en la mira. También los ciudadanos comunes han sido condenados por expresar críticas sobre políticos en las redes.
En abril, el Tribunal Electoral (bajo control de Morena), multó a Karla Estrella que insinuó en un tuit que un político hizo presión para que se incluyera a su esposa en la lista de candidatas a jueces. Según el Tribunal, Estrella ejerció "violencia simbólica minimizando la trayectoria profesional y política de la candidata Diana Barreras, generando daños en su reputación, imagen, honor y dignidad”.
Buxadé lo considera una "locura que hasta Twitter se negó a borrar, porque no estaba violando sus estándares”. Para la investigadora en comunicación, "esto ya refleja un clima de censura”.
Poderosos desvirtúan la lucha contra el acoso
Maldonado lamenta que se estén "usando objetivos legítimos como la protección de niños y mujeres del acoso en redes para implementar medidas ilegítimas de censura".
En su opinión, el Tribunal Electoral desvirtuó la lucha legítima contra la violencia de género. "Esta ley busca proteger a las mujeres políticas contra el acoso de sus pares masculinos”, recuerda. "Pero hemos visto más ciudadanos y periodistas perseguidos que hombres políticos por usar el machismo en el ejercicio del poder.”
Sin embargo, coincide en que es necesario luchar contra el odio y la propaganda en redes, sin censurar contenidos. "Hay que regular la competencia en redes y los procesos”, exige el experto.
Enumera las propuestas de Artículo 19 para que las redes dejen de ser máquinas de manipulación y desinformación: Garantizar pluralismo en la disponibilidad de plataformas y evitar que grandes consorcios tecnológicos como Google y Meta sean las únicas opciones.
También plantea leyes que obligan a las empresas a transparentar los algoritmos que determinan el contenido para los usuarios, y conocer quiénes están pagando para los contenidos.
Pero en vez de abrirse a ese modelo de comunicación abierta, los espacios se cierran en el país norteamericano.
