La Fiscalía General del Estado de Baja California detuvo a Nabor “N”, representante de Banca Afirme, quien está implicado en el caso de Next Energy, en el que se retuvieron 123 millones de pesos de cuentas bancarias que tenía esa institución de un fideicomiso que creó el gobierno estatal para la construcción de la obra.
“El arresto se llevó a cabo a las 10:30 horas en Calzada Independencia y Calle de la República, con base en una orden de aprehensión vigente por el delito de abuso por retención, a partir de una denuncia presentada por el Poder Ejecutivo Estatal de Baja California”.
En el gobierno de Jaime Bonilla se anunció la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, contrato consiguió la empresa Next Energy; sin embargo, no había ningún permiso federal para llevar a cabo la obra, además de que en caso de cancelación la empresa también se beneficiaría por la indemnización.
Se estima que el daño a las finanzas estatales fue de 12 mil millones de pesos por “los compromisos adquiridos para la construcción de una planta fotovoltaica por parte de la empresa Next Energy de México y de la cual no se logró acreditar que su construcción se hayan realizado”, detalló el gobierno de Marina del Pilar Ávila cuando presentó las denuncias contra funcionarios de la administración de Bonilla.
El secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexia, destacó que el contrato entre el gobierno y Next Energy es “totalmente desventajoso”, además de que está mal planteado desde la perspectiva jurídica, el proceso administrativo y las condiciones financieras que imperan en la entidad.
Mientras que en el sitio en donde se levantaría la planta no había ningún avance físico; el proyecto tampoco tenía avances financieros, por lo que no había ningún beneficio para la población.
Por lo que ese acuerdo arriesgaba 19.5% de las participaciones federales de Baja California para un fideicomiso destinado a garantizar el pago del Gobierno de Baja California, como ocurrió con el Fideicomiso Afirme que retuvo más de 123 millones de pesos.
Fue en mayo de 2022 cuando la empresa accedió a cancelar de forma definitiva el proyecto, con lo que también se puso fin al fideicomiso firmado en el gobierno de Jaime Bonilla, pese a que no había permisos federales y estatales, por lo que se repondrán los 123 millones que se descontaron de participaciones federales, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
