Argumentando que nadie puede ejercer dos cargos de elección popular simultáneamente, el panista Juan Marcos Gutiérrez presentó ante la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dos juicios en contra del regreso de Jaime Bonilla al Senado de la República.
Si bien, el periodo de Bonilla como gobernador de Baja California concluyó en 2021, el morenista eligió dicho cargo encima de ser senador, en 2018 al pedir licencia para competir en la elección del 2019 y al tomar protesta tras resultar ganador en los comicios.
Bajo la premisa del artículo 125 constitucional, Juan Marcos Gutiérrez dijo que Bonilla agotó su derecho a elegir entre qué cargo ejercer.
“Ningún ciudadano puede desempeñar a la vez dos cargos de elección popular, y el ahora senador agotó su derecho al optar por alguno de ellos cuando decidió ejercer la titularidad del Poder Ejecutivo Estatal en Baja California para lo que comprendió el periodo 2019-2021″, expresó el ex legislador del PAN.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 125, dice lo siguiente:
Ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular ni uno de la Federación y otro de una entidad federativa que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar.
La necesidad de Jaime Bonilla por obtener el fuero que otorga el Senado
Jaime Bonilla actualmente está siendo investigado por otorgar un contrato a la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica que no contaba con los permisos federales necesarios para iniciar con la obra.
Dicho contrato consiste en el endeudamiento de Baja California por 12 mil millones de pesos que se están pagando a Next Energy, pese a no haber iniciado la construcción de la planta.
Por este caso, recientemente fue presentada una denuncia por el actual gobierno de Baja California, encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda, donde involucraron a siete funcionarios de la pasada administración estatal.
En el proceso de investigación se determinó que el Banco Afirme, a donde ha ido el dinero que está siendo pagado por la planta fotovoltaica, debe regresar 123 millones de pesos a las arcas estatales.
