La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México brindará la asistencia que sea necesaria para el oficial que fue víctima de discriminación en calles de la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, cuando una mujer lo insultó cuando se disponían a colocarle un inmovilizador a su vehículo por no hacer al pago correspondiente del parquímetro.
La SSC también informó que el oficial presentó la denuncia por este hecho que fue ampliamente difundido en redes sociales.
“A través de las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos se realizó el acompañamiento y brindaron asesoría al Policía adscrito a la Subsecretaría de Control de Tránsito, que el pasado 3 de julio fue víctima de actos de discriminación, al ser agredido verbalmente mientras realizaba sus funciones en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc”.
La denuncia formal se presentó ante el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED).
“Esta Secretaría proporcionará todo el apoyo a nuestro compañero policía y le brindará el acompañamiento que resulte necesario ante las instancias competentes. Reprobamos hechos tan lamentables como estos, motivados por prejuicios o estereotipos de origen étnico, apariencia física, edad, color de piel, condición social, profesión, etcétera, que trastocan la dignidad humana y la sana convivencia”.
De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, se impondrán de uno a tres años de prisión o de 25 a 100 días de trabajo comunitario, además de una multa de 50 a 200 días a la persona que cometa el delito contra la dignidad de las personas, es decir, hechos que sean motivados por razón de edad, sexo, estado civil, embarazo, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, entre otros.
Si la falta es cometida por un servidor público, al pena aumenta en la mitad, además de que será destituido de su cargo e inhabilitación para ocupar algún puesto en la administración pública por el mismo tiempo que pase en prisión.
