El Gobierno de México informó que se instaló una mesa de trabajo binacional permanente con funcionarios de alto nivel de Estados Unidos, como parte de las gestiones para enfrentar posibles afectaciones derivadas de un nuevo esquema arancelario anunciado por Washington.
El objetivo central es evitar que entren en vigor, a partir del 1° de agosto, tarifas del 30% a productos mexicanos exportados hacia ese país.
México rechaza la medida y busca solución
Durante la reunión, México expresó su desacuerdo, calificando la medida como injusta. Ambas partes acordaron que la prioridad de la nueva mesa de trabajo será alcanzar, antes del 1° de agosto, una alternativa que proteja empleos y empresas en ambos lados de la frontera. México reiteró su disposición al diálogo y a una solución negociada.
La mesa fue convocada por el Departamento de Estado de EE. UU. y contó con la participación de representantes de las secretarías mexicanas de Economía, Relaciones Exteriores, Hacienda, Seguridad Pública y Energía. “Mencionamos en la mesa que era un trato injusto y que no estábamos de acuerdo”, detallaron.
Del lado estadounidense asistieron funcionarios de los departamentos de Estado, Comercio y Energía, así como del Consejo de Seguridad Nacional y la Oficina del Representante Comercial.
Nuevos aranceles por crisis del fentanilo
El mismo 11 de julio, la Casa Blanca envió una carta firmada por el presidente Donald Trump a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, en la que notificó la imposición de un arancel general del 30% a las exportaciones mexicanas.
De acuerdo con el documento, la medida responde a la supuesta insuficiencia de México para detener a los cárteles responsables del tráfico de fentanilo hacia EE. UU., al que Trump calificó como un “narco-playground”.
Además, advirtió que los productos transshipped (reexportados vía terceros países) también serán gravados y ofreció exenciones a empresas que decidan mudar su producción a territorio estadounidense.
