En una audeincia celebrada el 26 de julio, un juez estableció la vinculación a proceso contra Gonzalo “N”, Yareli “N”, Jorge “N”, Antonio “N”, Alicia “N” y José Fernando “N”, algunos de ellos integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana y que fueron detenidos por el delito de extorsión en contra de varios comerciantes.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) permitieron que continuará el proceso legal en su contra, además de que se ratificó la prisión preventiva en su contra, la cual cumplen en varios penales de esa entidad.
Todos ellos fueron detenidos en la Operación “Liberación”, que se implementó tras múltiples denuncias por extorsión agravada y secuestro exprés con fines de extorsión.
Yareli “N” se desempeñaba como tercera regidora del municipio de Ixtapan de la Sal, se le acusa de secuestro exprés con fines de extorsión, ya que en abril privó de la libertad a un comerciante, quien fue llevado hasta un hotel; en el lugar, la regidora le exigió una cantidad de dinero para que pudiera continuar con su actividad sin que le causaran daño a él o a su familia, además de decirle que pertenecía a La Familia.
Gonzalo “N” está identificado como líder del Sindicato “Bradosva”, era el único autorizado para suministrar y distribuir materiales de construcción en la zona de Valle de Bravo.
El 20 de febrero de 2025, de acuerdo con las investigaciones, en conjunto con varios sujetos armados, interceptaron a un comerciante sobre la carretera libre Valle de Bravo-Toluca, para exigirle el pago de derecho de piso para que pudiera entregar material de construcción; no solo eso, también le impusieron una cuota de 15 mil pesos por ingreso y dos mil 500 por cada viaje de material que realizara.
Jorge “N”, líder de madererías en Valle de Bravo, amenazó a un comerciante de madera para exigirle 100 mil pesos a cambio de no hacerle dalo y que continuará con sus actividades, así como entregarle una cuota mensual de acuerdo con sus ventas y que solo podría comprarle a él.
Mientras que Antonio “N” estaba encargado de la distribución y venta de carne en Almoloya de Alquisiras, Sultepec y Texcaltitlán, por lo que con otras personas secuestró a su víctima para que no se negara a que fuera su proveedor de carne de res y cerdo, por lo que le haría daño si se surtía con otra persona.
“Los datos de prueba aportados por el Ministerio Público también fueron determinantes para que la Autoridad Judicial iniciara proceso legal contra Alicia y José Fernando, quienes al parecer laboraban para una organización delictiva con orígenes en Michoacán, son indagados por extorsión agravada por hechos perpetrados el 4 de junio en Ixtapan de la Sal, donde interceptaron a una persona a quien habrían amenazado y exigido que comprara madera exclusivamente con ellos, con un sobreprecio de 12 por ciento, en caso de negarse le causarían daño y le impedirían seguir trabajando”.
Los detenidos se encuentran internos en Centros Penitenciarios y de Reinserción Social mexiquenses, a disposición de la autoridad Judicial, quien otorgó dos meses para la investigación complementaria, la cual concluirá el 23 de septiembre, las partes podrán aportar mayores elementos probatorios, realizar diligencias y robustecer sus respectivas teorías del caso.
En caso de acreditarse su responsabilidad penal, podrían enfrentar penas de hasta 80 años de prisión o incluso prisión vitalicia por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión y hasta 70 años de prisión o pena vitalicia por el delito de extorsión.