Alex Tonatiuh Márquez Hernández, actual administrador central de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), reportó en su declaración patrimonial de 2025 la posesión de una colección de relojes de lujo valuada en 7.7 millones de pesos, adquirida entre 2012 y 2021, en contraste con sus ingresos como servidor público.
El funcionario, encargado de combatir delitos como el contrabando y el llamado “huachicol fiscal”, indicó haber comprado de contado cinco relojes de alta gama, incluido uno valuado en 3.7 millones de pesos, mientras laboraba en distintos cargos públicos y privados, con sueldos que, según fuentes, oscilaban entre los 25,000 y 100,000 pesos mensuales.
Relojes de lujo y escoltas en Suburban: ¿y la austeridad republicana?
La revelación contrasta con la política de austeridad promovida por el gobierno federal y ocurre mientras Márquez Hernández enfrenta señalamientos por presunta corrupción, incluyendo denuncias internas por tráfico de plazas y vínculos con redes de robo de combustible. El pasado 15 de abril, empleados de la ANAM protestaron frente a sus oficinas en Paseo de la Reforma para exigir su destitución, acusándolo de exigir pagos a cambio de nombramientos.
De acuerdo con la investigación periodística realizada por Mexicanos contra la Corrupción, la colección del funcionario supera en valor a la que en su momento declaró Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y a los relojes portados por el exlíder sindical Carlos Romero Deschamps. En su declaración, Márquez Hernández no especificó marcas ni modelos de los relojes, y en eventos públicos suele ocultarlos bajo ropa holgada.
Además de las inconsistencias patrimoniales, el funcionario ha sido protagonista de incidentes públicos. Según reveló el periodista Claudio Ochoa en su columna para El Universal, el 23 y 24 de mayo, Márquez Hernández fue confrontado por vecinos de la colonia Irrigación en la Ciudad de México, luego de que sus escoltas bloquearan calles con camionetas Suburban. En uno de los enfrentamientos, el funcionario presuntamente intimidó a un ciudadano asegurando que ya lo había “investigado” y que “no debía interferir con alguien que representa al Estado de Derecho”.
Las camionetas en cuestión son modelos 2024 con placas de Morelos y están registradas a nombre de Grupo Turbofin SAPI de CV, una empresa de arrendamiento vehicular que ha recibido contratos millonarios en administraciones estatales de Morena en Baja California, Sinaloa, Quintana Roo e Hidalgo.
Pese a las denuncias y cuestionamientos, la Agencia Nacional de Aduanas de México no ha emitido postura oficial sobre el caso. Tampoco se ha anunciado una investigación formal sobre la procedencia del patrimonio declarado por Márquez Hernández, cuyo valor equivale a más de una década del salario bruto de un alto funcionario federal, según tabuladores públicos.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control patrimonial en la administración pública y las contradicciones entre el discurso de combate a la corrupción y los hechos documentados dentro de instituciones clave del aparato fiscal mexicano.