Ante el incremento de casos de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con el objetivo de visibilizar, sancionar y prevenir esta práctica, especialmente cuando afecta a niñas, niños, adolescentes y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y plantea la creación de un capítulo específico dentro del Código Penal titulado “Reclutamiento forzado”. En él se define este delito como la acción de incorporar, obligar o inducir por cualquier medio a personas —especialmente menores— a integrarse a grupos armados, redes de trata o cárteles delictivos.
Hasta 20 años de prisión y agravantes
La iniciativa contempla una pena de 10 a 20 años de cárcel, que se agravará en una mitad si las víctimas son menores de edad, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas indígenas, migrantes o con discapacidad. También se elevará la pena si quien recluta tiene vínculos con instituciones de seguridad, procuración de justicia o Fuerzas Armadas, o si durante el reclutamiento se ejerce violencia, tortura o abuso sexual.
De igual forma, se establece que los vínculos de parentesco, amistad o confianza entre víctima y agresor constituirán agravantes, así como la explotación de personas con habilidades específicas en beneficio de las organizaciones delictivas.
Delito dentro del marco de delincuencia organizada
El legislador también propuso incluir el reclutamiento forzado en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, lo que permitirá perseguir este delito bajo esquemas especiales de investigación, como los que aplican a cárteles y redes criminales.
Adicionalmente, se plantea que el reclutamiento forzado sea considerado una causal de exclusión de responsabilidad penal para aquellas víctimas que hayan sido obligadas a delinquir bajo coerción, como ocurre en muchos casos documentados por organizaciones civiles.
Miles de menores reclutados en México
En la exposición de motivos, Mejía Berdeja advirtió que el reclutamiento forzado constituye una grave violación a los derechos humanos, pues atenta contra la libertad, el desarrollo autónomo y la dignidad de las víctimas. Citó datos de Reinserta y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), que estiman que al menos 30 mil menores de edad fueron reclutados por grupos criminales en la última década.
La iniciativa señala que el concepto de “reclutamiento” suele invisibilizar las formas de violencia física, psicológica y sexual que sufren las víctimas, y que actualmente no existe una tipificación clara ni agravada en el marco legal federal para castigar este delito de forma autónoma.
De aprobarse, esta reforma establecería sanciones proporcionales a la gravedad del reclutamiento forzado y permitiría actuar de manera más eficaz ante un fenómeno creciente en el país.