La revelación del New York Times sobre la orden secreta firmada por Donald Trump para permitir que el ejército de Estados Unidos actúe con fuerza letal contra cárteles de la droga en México y Venezuela ha encendido alarmas legales, diplomáticas y de seguridad en toda la región.
La directiva, firmada en secreto este año, autoriza al Pentágono a realizar operaciones ofensivas, algo que históricamente había sido responsabilidad de agencias como la DEA y el FBI. El cambio no es menor: abre la puerta a capturas, incursiones e incluso asesinatos selectivos en territorio extranjero, bajo el argumento de que los cárteles son “organizaciones terroristas armadas”.
Un cambio de reglas sin precedentes
Con la orden presidencial, Trump deja atrás décadas de cooperación antidrogas basada en apoyo y entrenamiento, para pasar a una estrategia militar directa. Esto significa que, en teoría, fuerzas estadounidenses podrían:
- Ingresar a territorio extranjero para capturar o eliminar líderes criminales.
- Realizar operaciones marítimas en aguas internacionales contra embarcaciones sospechosas.
- Usar fuerzas especiales y drones para localizar y atacar objetivos designados.
- Operar sin mando civil local, rompiendo el modelo conjunto que históricamente ha regido la lucha contra el narcotráfico.
En la práctica, estos pasos solo serían posibles si el país afectado da su consentimiento, o si Washington decide actuar de forma unilateral alegando defensa propia.
México y Venezuela en el radar de Washington
Trump ya ordenó designar como organizaciones terroristas al Tren de Aragua y al Cártel de los Soles, este último señalado por el Departamento del Tesoro como dirigido por el presidente venezolano Nicolás Maduro. También incluyó a la pandilla MS-13 y ha vinculado a los cárteles mexicanos —como el de Sinaloa— a redes internacionales de narcotráfico.
Hace apenas dos semanas, EE.UU. duplicó la recompensa por Maduro a 50 millones de dólares, acusándolo de encabezar un narco-cártel que colabora con organizaciones criminales mexicanas y venezolanas.
En abril, Trump propuso a la presidenta Claudia Sheinbaum permitir operaciones militares en México; la respuesta fue un rotundo no.
Las limitaciones legales
Aunque declarar a un grupo como “terrorista” permite congelar activos y restringir su movilidad, no otorga automáticamente autoridad para atacarlo militarmente. Trump tendría que justificar sus acciones bajo su poder constitucional de defensa nacional, usando la crisis del fentanilo como argumento.
Sin embargo, expertos advierten que matar a sospechosos fuera de un conflicto armado reconocido podría violar la prohibición de asesinatos y provocar demandas internacionales. Incluso operaciones de captura podrían generar debates sobre cómo y dónde procesar a los detenidos.

Un plan que reaviva tensiones históricas
No sería la primera vez que EE.UU. actúa militarmente contra un líder acusado de narcotráfico: en 1989, George H.W. Bush ordenó la invasión de Panamá para capturar a Manuel Noriega, acción condenada por la ONU como violación flagrante al derecho internacional.
Pero en este caso, la medida se daría en un contexto aún más delicado: dos países latinoamericanos, uno de ellos socio comercial clave, y una crisis diplomática latente.
Qué viene ahora
Con el Pentágono ya trabajando en planes operativos y con el respaldo político del secretario de Estado Marco Rubio, Trump podría avanzar hacia misiones de alto impacto. La incógnita es si decidirá esperar consensos diplomáticos o si optará por acciones unilaterales que tensen al máximo la relación con México y Venezuela.