En el municipio de El Oro, Estado de México, la regidora de Morena, Susana Sánchez González, se negó a atender la solicitud de entrevista de un reportero local, argumentando que únicamente ofrece declaraciones a medios afines al partido oficial.
El hecho, ocurrido recientemente, generó inconformidad entre periodistas de la región y abrió la discusión sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos en materia de comunicación y rendición de cuentas.
De acuerdo con el testimonio difundido, Sánchez González habría expresado: “Sólo a puro medio de Morena”, al justificar su decisión de no responder a las preguntas del comunicador. El señalamiento fue interpretado como un acto de exclusión hacia la prensa que no mantiene afinidad política con el movimiento que inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La transparencia y el derecho a informar
En México está estipulado que las autoridades deben garantizar la rendición de cuentas y mantener canales de comunicación abiertos con la ciudadanía. Si bien no existe una obligación legal para que los funcionarios den entrevistas de manera particular, se reconoce el papel de los medios de comunicación como intermediarios entre la sociedad y el gobierno.
Aunque la negativa de la regidora puede ampararse en su libertad de elegir interlocutores, como en un momento del video se aprecia, la decisión podría ser cuestionada desde un plano ético al restringir la información a determinados medios y condicionar el acceso de la población a versiones oficiales.
El caso de Sánchez González se suma a episodios similares registrados en distintos puntos del país, donde funcionarios o representantes populares son señalados por mostrar preferencia hacia medios alineados con una corriente política y callar las voces en contra. Estos incidentes han generado debate público respecto a la imparcialidad de los servidores públicos y la obligación de mantener comunicación plural sin distinciones partidistas.