En lo que va del año, la organización ARTICLE 19 ha documentado un preocupante incremento en el acoso judicial contra periodistas y medios de comunicación en México. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2025 se registraron 51 casos, afectando a 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y a 12 medios de comunicación, lo que equivale a un nuevo proceso judicial o administrativo cada cuatro días en promedio.
Este patrón refleja un uso faccioso del marco legal mexicano que pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información, según el informe “Las leyes como mecanismo de censura: aumento del acoso judicial contra periodistas en México” publicado por ARTICLE 19.

La organización advirtió que esta tendencia supera los casos registrados en cualquier año anterior, incluido 2021, cuando se documentaron 40 procesos abusivos contra la prensa.
“La violencia contra los periodistas ya no se limita a agresiones físicas o amenazas; ahora se traslada a los tribunales mediante demandas, denuncias y procedimientos administrativos o electorales”, señala el informe.

Uso de la violencia política contras las mujeres para censurar
Un fenómeno particularmente alarmante es el uso indebido de la figura de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPEG). Originalmente diseñada para proteger a las mujeres contra la discriminación estructural, esta figura se ha convertido en un mecanismo para silenciar publicaciones críticas o incómodas. Casi la mitad de los procesos documentados en 2025 se iniciaron bajo este pretexto, según ARTICLE 19.
Los casos se han registrado en 17 estados, con Veracruz (10), Ciudad de México (9) y Jalisco (6) como los más afectados. La mayoría de los agresores son funcionarios públicos (45.1%), seguidos por particulares (35.3%) y partidos políticos o candidaturas (19.6%). A nivel estatal, las autoridades representan el 60.87% de los agresores oficiales.
Un ejemplo concreto es la periodista Lourdes Mendoza, quien desde enero de 2025 enfrenta una demanda por daño moral interpuesta por Adrián Rubalcava, director del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Mendoza ha tenido que responder un interrogatorio de tres horas y mantener activa su defensa en redes sociales y espacios periodísticos para proteger su reputación y garantizar un debido proceso.
ARTICLE 19 advierte que esta práctica amenaza la libertad de prensa en México y exige que las autoridades garanticen que los mecanismos legales no se utilicen como herramientas de censura.