Las prisiones en México operan al 110.6% de su capacidad, debido a la prisión preventiva oficiosa (con la que se encarcela automáticamente a las personas) y por las medidas punitivas, que elevan las penas –principalmente en el país– por los delitos de huachicoleo, extorsión, secuestro, sin que haya un cambio real o una baja de incidencia delictiva, situación que aumentará con la llegada del nuevo Poder Judicial, que seguirá las medidas del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.
Y es que el sistema penitenciario mexicano atraviesa –nuevamente– una etapa de saturación; de acuerdo con el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a través del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatal (CNSIPEF-E), revelan que en promedio hay 110 personas internas por cada 100 espacios disponibles, una realidad que revive la preocupación por el hacinamiento, la falta de sentencias y la presión en los centros estatales, en especial de Nayarit y el Estado de México.
Uno de los factores que más influyen en la saturación es el alto número de personas sin sentencia, ya que –de acuerdo con el INEGI– en 2024, el 36.3% de la población penitenciaria carecía de resolución judicial; en 2025, la cifra subió a 39.3%, es decir, casi 4 de cada 10 internos están en prisión preventiva. La situación es más grave entre las mujeres: en los centros federales el 47.1 % de las internas estaban sin sentencia en 2024, frente a un 25.8 % de los hombres.
“Los políticos mexicanos la única que se saben es de endurecer las penas (medida punitiva), por ejemplo, en 2024 con el fentanilo y la extorsión, pero eso –está absolutamente confirmado– no baja la incidencia delictiva; por el contrario, a veces es hasta un reto para las personas que generan esos delitos, y ya es un mayor número de años que no baja la incidencia delictiva con fenómenos complejos, como el de la extorsión, el fentanilo o narcotráfico. Especialmente en estos cuatro casos, las cárceles están ocupadas de gente que no tiene sentencia”.
— Humberto Morgan
De acuerdo con Humberto Morgan, experto en seguridad, estos datos no son menores, pues recordó que en 2019 se amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa; mientras en diciembre de 2024 se sumaron nuevas conductas, como la extorsión y delitos vinculados con fentanilo. Denunció que, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha cuestionado esta figura, en México la tendencia apunta a reforzar con el nuevo Poder Judicial, lo que explica en parte el aumento de población interna.
“Para solucionarlo se necesita una reinserción social plena de los internos, que es un mandato constitucional. En Nayarit o en el Estado de México, donde de cada 100 espacios disponibles hay 130 internos –más del 238%– hace que las condiciones sean mucho más estresantes, con conductas, podríamos decir, hasta degenerativas y eso es una bomba de tiempo. Las medidas cautelares no son adecuadas y generan esta sobrepoblación, donde este gran número de primodelincuentes llegan a pasar 34 años en prisión, se necesitan otros esquemas de medidas cautelares”.
— Humberto Morgan
Sobrepoblación de reos en México
Según los datos del Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la serie histórica de 2017 a 2024 muestra con claridad el repunte de la saturación en los penales. El rebote coincide con dos fenómenos: el aumento de ingresos por delitos de alto impacto y las reformas (medidas punitivas) que ampliaron la prisión preventiva.
- 2017: tasa nacional de ocupación de 91.7%
- 2018: tasa nacional de ocupación de 86.4%
- 2020: tasa nacional de ocupación de 95.5%
- 2022: tasa nacional de ocupación 101.8%
- 2023: tasa nacional de ocupación 101.8%
- 2024: tasa nacional de ocupación 102.9%
Sobrepoblación de reos se da a nivel estatal, y no federal
Humberto Morgan recalcó que el informe de 2024 del INEGI mostró una marcada diferencia entre tipos de reclusorios, ya que los centros federales registraron una ocupación de apenas 73.4%, es decir, por debajo de su capacidad; en contraste, los estatales alcanzaron 107%, con fuerte sobrecupo. Esto confirma, dijo, que la saturación es esencialmente un problema de los sistemas penitenciarios estatales, donde se concentra más del 80% de la población privada de la libertad.
“Eso será una bomba de tiempo (sobrepoblación) y bueno, con esta bomba, hay un riesgo de que pueda colapsar el sistema penitenciario, sin duda. Incluso se ha visto en las estadísticas que un número muy considerable de las personas que salen de prisión vuelven a delinquir. Es un tema muy interesante, y ahora vamos a seguir con esta tendencia (nuevo Poder Judicial) y ¿cuáles serían las consecuencias? Con derechos humanos. Se necesita una reinserción social de eficiencia, pero el Estado Mexicano no tiene recursos para las prisiones”.
— Humberto Morgan
De acuerdo con el informe del 2024, el total de la población penitenciaria en México es de 236 mil 773 personas: 20 mil 702 de ellos se encuentra en centros federales; 216 mil 071 en centros estatales; y 6 mil 062 en centros especializados para adolescentes, y “el desequilibrio también se refleja en los flujos mensuales, en marzo de 2025 ingresaron 16 mil 329 personas a los centros penitenciarios del país, mientras egresaron 14 mil 084, este diferencial de más de 2 mil 200 internos en un solo mes explica por qué la población sigue creciendo”.
Estados con más problemas de sobrepoblación
El Estado de México y Nayarit comparten la tasa más alta de ocupación, con 238.8 personas por cada 100 espacios, es decir, más del doble de su capacidad. En el otro extremo, Colima y Campeche son los más bajos, ya que cuentan con 39.2 y 55.0 de disponibilidad respectivamente. Además, al corte de marzo de 2025 se reportaban 135 cárceles sobrepobladas en todo el país, frente a 121 un año antes.
“México enfrenta así un dilema: cómo equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos y la reinserción social. Las cifras confirman que la cárcel sigue siendo la respuesta principal del Estado frente al delito, aun cuando el sistema muestra signos claros de saturación. Y mientras casi 4 de cada 10 internos sigan sin sentencia, el problema no solo será de sobrepoblación, sino de justicia incompleta”.
— Humberto Morgan