El Partido Acción Nacional (PAN) amplió su demanda contra figuras cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se trata de José Ramón López Beltrán, Gonzalo López Beltrán y Salvador Camargo Viveros, exfuncionario del gobierno federal.
La denuncia, presentada por el diputado panista Federico Döring, fue admitida por la Fiscalía General de la República (FGR) el pasado 27 de agosto y posteriormente actualizada para incluir más imputados y delitos de mayor gravedad.
El PAN sostiene que los acusados formarían parte de una red criminal que operó durante el sexenio anterior con total impunidad, bajo la supuesta protección del poder político.
Entre los delitos señalados se encuentran conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, lavado de dinero, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
“No podrán borrar lo que soy ni lo que represento”
José Ramón López Beltrán es acusado principalmente por su residencia en una mansión ubicada en Houston, Texas, propiedad de un contratista ligado a Petróleos Mexicanos (Pemex). Este hecho fue revelado en 2022, generando sospechas sobre tráfico de influencias y presunta intermediación en contratos gubernamentales por más de 150 millones de dólares.
Ante esta nueva oleada de señalamientos, López Beltrán respondió desde su cuenta oficial en X:
“Enfrento acusaciones falsas que no tienen otro propósito más que intentar ensuciar mi nombre. Ante la infamia, la verdad siempre prevalecerá.
Mi reputación se ha construido con años de trabajo, integridad y compromiso, y no permitiré que sea utilizada como moneda de juego por intereses ajenos.
Pueden intentar mancharme, pero no podrán borrar lo que soy ni lo que represento.
Sus acusaciones falsas no me definen. La verdad siempre sale a la luz y quienes difaman y calumnian tendrán que responder”.
Por su parte, Gonzalo López Beltrán es señalado de participar en la venta de balastro para el Tren Maya mediante un esquema de tráfico de influencias operado por un supuesto prestanombres, Amílcar Olán. En tanto, Salvador Camargo Viveros, excoordinador de la Guardia Nacional, es acusado de haber integrado la presunta red delictiva desde el aparato de seguridad pública.