La red de profesionales de la salud, Salvemos Miles de Vidas México, solicitó que el aborto se trate como un tema de salud y no un delito. Por esto, el colectivo exige la derogación del delito de aborto voluntario, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país, ya que médicas tienen miedo a “ser investigadas y criminalizadas”.
La Ciudad de México es un caso emblemático en materia de derechos reproductivos; aunque fue pionera en 2007 al despenalizar el aborto hasta las 12 semanas, aún lo mantiene tipificado como delito en su Código Penal. Este desfase entre la legislación sanitaria y la penal tiene consecuencias concretas: en 2025 la capital ocupa el primer lugar nacional con 146 investigaciones penales por aborto. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2015 y 2024 el número de carpetas de investigación creció 42.7%.
Esto pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirmó que la criminalización no reduce el número de abortos; por el contrario, incrementa la mortalidad y morbilidad materna y limita la capacitación del personal de salud para que los procedimientos se realicen de manera segura, oportuna y con un trato digno, libre de estigma
“Incluir la interrupción legal del embarazo (ILE) en el Código Penal fue un error histórico. Las y los legisladores deben comprender que los servicios de salud no pueden ser regulados como crímenes”, comentó la doctora Sandra Karina Gaspar Martínez, médica ginecobstetra que ejerce en la Ciudad de México y en el Estado de México. “A pesar de que ya se despenalizó el aborto en algunos lugares, continúan existiendo barreras por el miedo que enfrentamos tanto el personal médico como las personas que requieren el procedimiento, a ser investigadas y criminalizadas”.
La iniciativa para derogar el delito de aborto en la Ciudad de México se sustenta en sentencias clave de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en 2018 se reconoció el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo como un derecho para las víctimas de violación sexual; en 2021 se declaró inconstitucional criminalizar a las mujeres y personas gestantes que interrumpen su embarazo y al personal de salud y acompañantes que les asisten; y en 2023 se ordenó al Congreso eliminar el aborto del Código Penal Federal.
Sin embargo, el avance en el país es profundamente desigual: ocho estados aún no han acatado las órdenes de la Corte y todos los códigos penales estatales continúan tipificando el aborto como delito, generando un mapa fragmentado de derechos fundamentales y barreras de acceso que ponen en riesgo la salud y la vida de niñas, mujeres y personas gestantes.
“Criminalizar el aborto es criminalizar la pobreza. Es no reconocer todo lo que viven las mujeres y las personas con posibilidad de gestar. A nivel nacional tenemos la tasa más alta de natalidad en adolescentes de todos los países de la OCDE. Por esto exigimos que los temas de salud se regulen con base en evidencia científica y no desde prejuicios”, señaló la Dra. Joselyn Rivera Vilchis, radicada en León, Guanajuato, donde se rechazó una iniciativa para despenalizar el aborto voluntario en junio de 2025.